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Vicepresidenta de Perú pide apoyo externo contra proceso en su contra

Lima, 5 jun (Prensa Latina) La vicepresidenta Dina Boluarte pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un requerimiento al Estado peruano contra el procedimiento iniciado por el Parlamento para destituirla, reveló hoy la prensa.

Según el diario El Comercio, el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, apeló contra el proceso de acusación constitucional en el que ella puede ser suspendida o inhabilitada para funciones pùblicas por 10 años, por votación del Congreso.

El defensor alega que se ha vulnerado el debido proceso en la denuncia de que hizo gestiones residuales como presidenta saliente de un modesto club privado, siendo ministra de Inclusión Social, lo que está prohibido por la carta magna.

El recurso presentado apunta a que se suspenda el proceso emprendido con celeridad inusual por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con miras a separarla del cargo.

El diario citado reveló que la apelación señala que el proceso fue abierto por la oposición congresal para “hacerse con el poder y revertir la derrota” sufrida en los comicios de 2021, ganados por Castillo y denuncia irregularidades que vician el proceso.

De ser suspendida o inhabilitada como ministra Boluarte y concretarse los planes opositores de cesar también a Castillo, la sucesión presidencial recaería sobre quien sea titular del Congreso.

Importantes juristas como Omar Cairo argumentan que el proceso y la sanción se pueden aplicar solo a la ministra, una funcionaria designada, mas no está previsto para el cargo de vicepresidenta, que tiene otro rango por ser producto de elección popular

Según el ministro de Justicia, Félix Chero, la acción impulsada por el bloque de extrema derecha del Parlamento es parte de una especie de conjura para acabar con la administración de Pedro Castillo.

Después irán por el presidente, dijo Chero, lo que no desmienten los impulsores del proceso y sus aliados llamados de centro, que desde el inicio del gobierno, hace casi un año, han intentado dos veces vacar (destituir) a Castillo por la causal constitucional de “permanente incapacidad moral”

Esa medida requiere de mayoría calificada de dos tercios, mientras la inhabilitación por infracción constitucional solo exige mayoría simple y una comisión parlamentaria que investigó a Castillo por posible involucramiento en una red de corrupción, pidió al pleno que se le abra también un proceso similar al de Boluarte.

mem/mrs

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