El DOJ, que presentó la víspera una demanda para detener la ordenanza, señaló en un comunicado que la medida es ilegal y se aparta de lo dispuesto por la Ley de Registro de Votantes Nacional.
La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles DOJ, Kristen Clarke, la calificó por este motivo de “violación”.
Clarke agregó que a lo largo de las últimas tres décadas esa legislación ayudó a los estados a moverse «en la dirección correcta» eliminando requerimientos «innecesarios» para acudir a las urnas.
La ley fue firmada por el gobernador Doug Ducey, tras ser aprobada por las dos cámaras legislativas de ese estado, bajo el amplio control del Partido Republicano, y entrará en vigor en enero de 2023, bajo el argumento de que aumentaría la seguridad electoral.
El Departamento de Justicia señaló en su comunicado que la nueva ley ignoró un dictamen de la Corte Suprema de 2013 que rechazó un intento anterior en el año 2005 de imponer una prueba documental similar a los residentes de Arizona para votar.
Según autoridades electorales estatales, más de 11 mil 600 votantes registrados únicamente para las elecciones federales participaron en Arizona en los comicios de 2020 sin proporcionar ninguna prueba de ciudadanía.
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