El papel de la Iglesia católica será motivar, desde la parte coordinadora, pero sin injerencia, según sostiene monseñor Luis Cabrera, presidente de la CEE.
Las reuniones involucrarán a 15 personas, tres por cada instancias representadas, lo cual implica nueve miembros por el movimiento indígena, pues participan la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.
Para esta jornada está previsto un encuentro de manera reservada, en el que las partes ajustarán la metodología y la hoja de ruta a seguir, así como la frecuencia de las citas en el marco técnico y el mecanismo de socialización de lo abordado con la población, explicó en entrevista televisiva el presidente de la Conferencia Episcopal.
También quedarán esclarecidos la capacidad de toma de decisiones de los delegados, así como las vías de consulta.
Al respecto, especificó que su institución presentará algunas propuestas para definir la forma de trabajar durante los 90 días acordados en la firma del Acta por la Paz, con la cual finalizó un levantamiento popular nacional de 18 días, en demanda de respuestas a una agenda de 10 puntos sensibles para la ruralidad y el país, en general.
«Hay voluntad de cada parte para ver la mejor manera de avanzar en lo tratado, con seriedad y llegar a consensos», aseveró monseñor Cabrera.
Asimismo, estimó que las reuniones no deben ampliar el abanico de temas hasta alcanzar soluciones concretas a los adoptados de manera conjunta.
En cuanto a la sede del diálogo, aclaró que la CEE ofreció su instalación, pues cuenta con varios salones y espacios disponibles para trabajar de manera simultánea en las mesas técnicas, las cuales contarán con asesoría de académicos y expertos en los tópicos sujetos a debate y resoluciones.
Las conversaciones versarán fundamentalmente sobre la agenda presentada por el movimiento indígena al ejecutivo hace un año, sin obtener la atención requerida, que incluye pedidos de generación de empleos, créditos, moratoria de deudas, control de especulación en productos del agro, respeto a derechos colectivos y fondos adecuados para salud y educación, entre otros.
Prohibir la privatización de sectores estratégicos y la minería ilegal en zonas intangibles, protegidas y de asentamientos de pueblos y nacionalidades, así como reducir y congelar precios de los combustibles son otros tópicos motivo de reclamo.
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