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Magnicidio en Haití, un año después (+Fotos)

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Puerto Príncipe (Prensa Latina) La investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse se reanudó casi un año después con el quinto juez nombrado para llevar el expediente y mientras la principal sede judicial de la capital está bajo control de bandas armadas.

Por Anelí Ruiz García

Corresponsal de Prensa Latina en Haití

El comisario de Gobierno de Puerto Príncipe, Jacques Lafontant, confirmó que el juez nombrado a finales de mayo, ya estaba trabajando en el archivo y entrevistó a varias personas. “Voy a visitarlo para conocer el estado de su investigación. Ya emitió varias citaciones”, dijo el funcionario al diario Le Nouvelliste.

Walther Wesser Voltaire fue designado por el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint Vil, para llevar adelante la pesquisa en sustitución de Merlan Bellabre, quien abandonó el archivo a finales de abril tras cumplirse su mandato y sin tener acceso al expediente físico o a los medios para la investigación.

Con anterioridad, los jueces Mathieu Chanlatte y Chavannes Etienne se desvincularon de la investigación alegando razones personales, mientras el magistrado Garry Orélien fue sustituido por incumplir los plazos de las indagaciones y en medio de denuncias de corrupción.

Voltaire, quien en enero del pasado año prestó juramento como juez de instrucción en Croix des Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe, también confirmó que inició las entrevistas, aunque sin dar detalles por ser una investigación secreta.

Por lo pronto se conoce que el periodista Luckner Désir (Louko), uno de los primeros en dar la noticia del magnicidio y que luego reveló informaciones del caso, está llamado a comparecer ante el juez.

Mientras tanto, uno de los principales sospechosos, el empresario Samir Handal, arrestado desde noviembre en Turquía, fue puesto en libertad luego que las autoridades de ese país rechazaron la petición de extradición formulada por el Gobierno haitiano.

Los abogados de Handal argumentaron que la orden de arresto internacional emitida por la Interpol, que condujo a la detención, no estaba vigente, y señalaron que de regresar al país el sospechoso podría enfrentar torturas e incluso la muerte.

En Estados Unidos, en cambio, al menos tres sospechosos fueron imputados en relación con el asesinato, entre ellos, el exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios y el empresario Rodolphe Jaar, quienes confesaron ser parte del complot.

También se encuentra detenido el exsenador John Joel Joseph, arrestado en Jamaica y quien solicitó la extradición al país norteño por temer contra su vida.

UN PAÍS EN CAOS

El asesinato de Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, solo agudizó la ya profunda crisis que vive el país, el cual antes del magnicidio tenía un Parlamento “caducado”, la justicia apenas funcionaba por las repetidas huelgas y como si fuera poco, el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial de la nación, había perdido su presidente como consecuencia de la Covid-19.

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La inseguridad ya era grave. Bandas armadas controlaban Martissant, en la salida sur de Puerto Príncipe, interrumpiendo el desplazamiento de personas y mercancías, y cortando la vía terrestre más expedita para llegar al sur del país. Los secuestros y asesinatos aumentaban exponencialmente y en lo político los últimos meses del mandato de Moïse estuvieron marcados por denuncias de intento de magnicidio, masivas movilizaciones antigubernamentales y un descontento social generalizado.

“Jovenel desmanteló sistemáticamente y a conciencia todas las instituciones democráticas, lo mismo de sus antecesores del partido Tet Kale”, dijo a Prensa Latina Camille Chalmers, economista, investigador, docente y político.

La Corte de Casación funcionaba con la mitad de los jueces antes de la muerte de su presidente, y en 2019 debieron realizarse elecciones legislativas, pero los comicios se pospusieron indefinidamente.

Antes de ser asesinado, Moïse organizaba sufragios generales que quedaron inconclusos y que la actual situación de inseguridad aleja cada vez más.

Para Chalmers, en su muerte hubo implicación de la CIA, mercenarios colombianos, sectores de la extrema derecha y otros que luchaban por áreas estratégicas del país, lo cual propicia que un año después apenas se conozcan elementos para entender lo sucedido.

DESACUERDOS POLÍTICOS E INSEGURIDAD

Ariel Henry, quien cumplirá el 20 de julio un año como primer ministro, aún no pudo consumar su principal promesa, alcanzar un acuerdo inclusivo que permita estabilizar el país, para luego realizar elecciones.

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Las fuerzas políticas divididas en dos amplios bandos y la reciente sugerencia de la comisión mediadora de la crisis que aboga por una transición de dos años liderada por el propio Henry, solo aumentan la tensión entre los grupos.

Por el momento no se vislumbra un consenso, mientras la inseguridad rampante empuja a miles de ciudadanos a migrar, algunos legalmente a países como Republica Dominicana, Estados Unidos y Canadá, y la mayoría de manera irregular en precarias embarcaciones donde decenas ya perdieron la vida.

A finales de abril una guerra abierta entre pandillas en la llanura Cul de Sac, al norte de la capital, dejó al menos 20 mil desplazados, casi 200 homicidios y decenas de casas incendiadas.

Además, en lo que va de año se registraron más de 500 secuestros y la ruta terrestre hacia el sur continúa paralizada, mientras miembros de la banda Cinco Segundos tomaron el control del Palacio de Justicia desde inicios de junio.

“La situación es cada día peor”, dijo a Prensa Latina Jean Pierre, un pequeño comerciante que busca vías seguras para emigrar con sus dos hijos.

Oriundo de Croix des Bouquets, donde actualmente se asienta la poderosa pandilla 400 Mawozo, ya tuvo que mudarse a Tabarre, en el norte de Puerto Príncipe, pero la seguridad de esa zona también se deteriora de manera acelerada. “Tristemente terminaremos por irnos, aquí ya no se puede vivir”, dijo resignado.

arb/ane

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