La explosión de bombas en los hoteles Capri y Nacional, en el barrio El Vedado, provocó cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas, durante una serie de actos terroristas que se extendió en instalaciones de este tipo hasta septiembre de ese año.
Entre las víctimas de estos siniestros se encuentra el turista italiano Fabio di Celmo, quien falleció por la explosión en el lobby del hotel Copacabana, el 4 de septiembre de 1997, cuando tenía 32 años.
Investigaciones de las autoridades cubanas permitieron detener a los ejecutantes de esos hechos y esclarecer que la autoría de los siniestros correspondía a la Fundación Nacional Cubano-Americana y al connotado terrorista Luis Posada Carriles.
Para ejecutar los atentados fueron reclutados mercenarios centroamericanos como parte de una operación que incluyó otras instalaciones de La Habana y Varadero y que podría haberse extendido de no ser por la actuación de las autoridades que detuvieron en 1997 y 1998 a otros terroristas guatemaltecos.
El objetivo de estas acciones era golpear el sector turístico cubano, el cual constituye una de las principales entradas de divisas al país.
Este propósito se mantiene actualmente mediante medidas más veladas como la prohibición de viajes a Cuba de compañías de cruceros y a ciudadanos norteamericanos, la persecución a proveedores y al sector bancario y una campaña de difamación internacional sobre la isla como destino.
En mayo de 2000, el Tribunal Popular Provincial de La Habana dictó sentencia en virtud de la Demanda del pueblo contra el gobierno de Estados Unidos por daños, que calculó el pago de indemnización a los cubanos en 181 mil millones de dólares por la muerte de tres mil 478 personas y la incapacitación de dos mil 99.
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