El anuncio del veredicto ocurrió casi un año después de la apertura del proceso, el 10 de septiembre de 2021, en la presentación del TPP del Cerrado, ubicado en el centro-oeste del país y apodado la Sabana brasileña.
La condena va dirigida contra el Gobierno federal, Estados extranjeros, organizaciones y empresas nacionales y transnacionales, de forma objetiva y compartida, «por su contribución a la comisión de crímenes económicos, ecológicos, calificados de transgresores del sistema, que generaron graves violaciones a derechos humanos fundamentales y al medio ambiente».
Segundo mayor bioma del gigante suramericano, Cerrado, que se extiende por más de dos millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo cual equivale a casi 24 por ciento de Brasil, perdió más de la mitad de su vegetación original.
En los últimos 20 años, ese proceso se viene acelerando, con pérdidas mayores que las registradas en el último siglo.
Según el proyecto MapBiomas, iniciativa del Observatorio del Clima (red de 37 entidades de la sociedad civil para discutir los cambios climáticos), 26,5 millones de hectáreas fueron destruidas de 1985 a 2020 y el 99 por ciento de esa área fue destinada a la agropecuaria.
Para la exsubprocuradora general de la República Deborah Duprat, el mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, gobernadores y gigantes del agronegocio, designado como principal beneficiario de las violaciones de la ley, fueron citados por primera vez en diciembre 2021 y, más recientemente, el 26 de junio.
Sin embargo, no respondieron a las solicitudes, incluso ante la robustez de las pruebas presentadas. «Vivimos un momento en el país de borrado de datos y la campaña tuvo esa capacidad de generar información», afirmó Duprat.
La acusación apunta como responsables a países como Japón y a la Unión Europea, por la compra masiva de materias primeas producidas a expensas de la destrucción del Cerrado.
Entre las instituciones internacionales fueron condenados el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y, en particular, el Banco Mundial, por la promoción y legitimación de reformas neoliberales que profundizan el ecocidio (destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada) y el genocidio cultural.
Pese a no tener implicación directa dentro del sistema jurídico formal, es decir, sin posibilidad de enjuiciamiento o eventual prisión de los culpables a partir de la sentencia, la condena sirve como directriz para las comunidades afectadas y se deben instrumentar acciones de incidencia política.
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