Para el coordinador del movimiento Vanguardia Torrijista, Rafael García, la actual lucha en las calles es necesaria e inevitable, forzada por la sordera de los gobernantes de turno, que continúan la tarea mandatada por un modelo económico pernicioso, saqueador e insostenible.
García alertó a la vez que, en su defensa del poder, el Gobierno se sustenta en el gran espíritu disociador que el individualismo ha sembrado y alimentado en diversos movimientos.
En un reciente artículo publicado en el diario Bayano Digital (Crisis, encrucijada, concertación por la vida y abismo), el dirigente político explicó que la causa de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y otras organizaciones no es excluyente, pero demanda la conformación de un gran bloque popular para proyectar un paso unitario hacia sus propósitos definitivos.
El momento actual, aseveró García, no es el producto de las condiciones inmediatas. La crisis se deriva de los errores en el ámbito nacional y manejo económico internacional y, particularmente, del desprecio e irrespeto a la vida y derechos de todos los que convivimos en este planeta por parte del modelo imperante.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, entre los líderes de esas alianzas, consideró que el actual panorama panameño no es ajeno a lo que sucede en otras naciones de América Latina y el Caribe.
Se trata, dijo, del enfrentamiento al modelo económico neoliberal y de un capitalismo cuyas políticas excluyen a las mayorías.
Al respecto ejemplificó a Prensa Latina que, pese a generar enormes recursos, Panamá ocupa el quinto lugar en el mundo y segundo de América Latina donde hay la peor de la distribución de las riquezas y en su interior, 115 ultramillonarios acaparan más de 20 mil millones de dólares.
La política de liberalización de precios medicamentos, alimentos , privatización de la electricidad, entre otros males, apuntó ha tenido al pueblo sumido en los últimos 32 años tras la sangrienta invasión de Estados Unidos, y eso es lo ha motivado el actual estallido social y no solo el alza del combustible como consecuencias de otros factores a nivel global.
El aumento general de los salarios, agregó, es otra de las demandas para poder elevar el poder adquisitivo de los ciudadanos más humildes que exigen respuestas concretas del Ejecutivo y no convocatorias a mesas de diálogo, pero sin consensos sobre los participantes, los temas y facilitadores.
Méndez avizoró que la salida de esta crisis podría llegar si administración de Laurentino Cortizo manifiesta la real disposición de reconocer y conversar con los actores reales que están en la lucha en las calles, para encontrar soluciones factibles a los primeros puntos de un pliego de 32 peticiones entregado el pasado 19 de mayo al Órgano Ejecutivo.
La actual situación es coyuntural, reafirmó, pero el problema de fondo a más largo plazo es la necesidad de cambio de ese modelo neoliberal en un país que basa su economía y desarrollo en los servicios y abandona sectores primario y secundario, los mayores generadores de empleo digno, salarios justos y prestaciones laborales.
Es ese, el camino de concientización, remarcó, en el que se viene construyendo la necesaria unidad de los movimientos populares, sindicales, comunitarios y diversos gremios como los educadores, campesinos, indígenas, estudiantes universitarios, transportistas, médicos y otras profesiones que se vienen sumando.
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