En las occidentales provincias de Chiriquí y Veraguas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo; y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, retomaron desde este sábado conversaciones con grupos indígenas y educadores para encontrar respuestas a demandas como los altos precios del combustible y la canasta básica familiar.
Los dirigentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) dejaron claro que aún no han suscrito ningún acuerdo, pero se valora la propuesta de reducir a 3,40 dólares el galón de combustible (3,78 litros) para todo el transporte, de 3,95 dólares como estableció congelar el Ejecutivo.
También indicaron que temas como la canasta básica y costos de medicamentos todavía no se han tratado, mientras tanto las protestas continúan.
En el corregimiento chiricano de San Félix, el jefe de Estado solicitó a pueblos originarios que reabran la vía Panamericana, para detener el desabastecimiento de productos del agro y de combustible en varias regiones del país.
Por su parte, en la capital, la alianza Pueblo Unido por la Vida, otra de las protagonistas de las protestas sociales, denunció acciones represivas de la Policía Nacional (PN) en la provincia de Chiriquí.
Según el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, agentes dispararon proyectiles antimotines e hirieron a manifestantes en las comunidades El Sapo y 20 de Diciembre de esa occidental demarcación.
La represión solo va a traer como consecuencia que el pueblo se enardezca en las acciones que se mantendrán por justas reivindicaciones sociales, señaló.
Otro de los voceros del colectivo, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, anunció una vigilia en Chiriquí y en los corregimientos de Pácora y Chepo en la provincia de Panamá, así como un nuevo encuentro de dirigentes populares para definir nuevas acciones de presión en todo el territorio nacional.
Los cierres de vías y protestas sociales durante unas dos semanas en Panamá impactaron en mercados y puntos de distribución de combustibles, con el desabastecimiento creciente de productos.
Las acciones de fuerza se iniciaron exigiendo un congelamiento al precio del combustible, baja en los altos costos de los productos de la canasta básica familiar, aumento general de salario, contención del gasto público y asignar el seis por ciento del Producto Interno Bruto a la educación pública.
De otra parte, en los últimos siete días, las autoridades sanitarias decretaron el fin del uso obligatorio de la mascarilla como medida de bioseguridad frente a la Covid-19, con excepción de las instalaciones de salud, expendios de alimentos y el transporte público.
El uso del barbijo en las escuelas será opcional y de su parte el Ministerio de Educación anunció que se valora la idea de volver a las clases de manera virtual debido al paro de labores indefinido del gremio docente.
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