Qubaisi exigió con urgencia resolver los asuntos del Estado en sus instituciones y sectores públicos, inactivos durante casi un mes debido a la huelga de los empleados ante las complejas condiciones de vida.
El diputado atribuyó el colapso económico a la mala gestión de algunos políticos aferrados a posiciones sectarias y en constante confrontación para boicotear la respuesta nacional.
Defendió el derecho de Líbano a su riqueza petrolera y gasífera frente a las ambiciones de Israel, al tiempo que rechazó cualquier injerencia extranjera en las negociaciones por la demarcación marítima con Tel Aviv.
En este aspecto, el también legislador Hassan Ezz El-Din subrayó que el Líbano tiene la oportunidad de beneficiarse de la posición de la resistencia para librar al pueblo de su crisis.
Miembro del bloque Lealtad a la Resistencia, Ezz El-Din enfatizó la necesidad de que todos los libaneses adopten una postura patriótica en interés del país como única posibilidad para hacer frente a la catástrofe económica.
El ex ministro Sheikh Wadih El-Khazen aseguró ayer que el presidente de la República, Michel Aoun, continúa con las consultas para buscar una solución rápida en cooperación con el primer ministro designado, Najib Miqati, en la conformación del nuevo gabinete.
Tras un encuentro con el mandatario libanés, El-Khazen puntualizó a la prensa que la integración de un gobierno de rescate permitirá el correcto funcionamiento de las instituciones estatales, la independencia, seguridad y la vitalidad de la economía.
Desde el pasado 29 de junio, el pueblo libanés espera el nombramiento del Consejo de Ministros que tendrá un período corto de gestión, pues el país elegirá al presidente de la República entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, y este tendrá la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno.
Inflación del 890 por ciento, salario mínimo mensual menor a 25 dólares, devaluación de la moneda, altos precios en los artículos básicos y 2,2 millones de personas necesitadas de alimentos ejemplifican las condiciones de vida en Líbano, según informes de entidades especializadas de Naciones Unidas.
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