José Encarnación Alfaro, integrante de la Plataforma Refundación del PRI, documentó las razones jurídicas y políticas por las que Moreno Cárdenas, su vice Carolina Viggiano y el total de los integrantes del Comité Ejecutivo, deben abandonar sus cargos por un problema ético.
Entre las causas indicó el control patrimonial que, según Alfaro, lo logró Moreno Cárdenas en el tiempo que ha dirigido los órganos directivos del PRI, mandato que concluye el 19 de agosto del año próximo, pero la militancia le exige que sea antes y él respondió no se irá hasta el final.
Alfaro insistió en una renuncia antes para obligar a la renovación adelantada de la dirigencia, la cual se encargaría de organizar los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, y dejar que un nuevo Comité Ejecutivo electo en febrero del 2023 tenga en sus manos la negociación del convenio de coalición con la oposición en octubre de ese año.
Moreno quiere mantener el control de los procesos internos del partido y las elecciones presidenciales de 2024, que incluye la renovación de nueve gobiernos estatales, del Congreso Federal y los congresos locales.
El asunto está en que el proceso legal para los comicios de 2024 inicia el próximo 1 de septiembre de este año, mientras que el mandato de Moreno concluye el 19 de agosto justo 11 días antes.
Según sus adversarios, Moreno busca aprovechar el juego de fechas para mantener su liderato porque los estatutos priístas señalan que no puede haber elección de dirigencia interna en el PRI en procesos electorales, y contemplan una prórroga hasta el presidencial en 2024.
No obstante, Moreno no parece estar en disposición de renunciar a pesar de todo el viento que tiene en contra y sus consecutivos fracasos al frente de la agrupación muy venida a menos bajo su liderato, en particular por su alianza estratégica con su antiguo adversario Acción Nacional.
Los estatutos del PRI contemplan dos opciones en sus artículos 83 y 179, como causas para la sustitución de la dirigencia: en el primero, el Consejo Político tiene la atribución de anticipar el término, pero la debe asumir el Consejo Político Nacional, el cual está manipulado por Moreno.
En el caso del 179, también es ese consejo el que debe decidir el cambio seis meses antes de que termine el proceso estatutario, siempre y cuando Moreno y Viggiano renuncien al cargo, lo que hasta ahora no es realista.
mem/lma
