Cinco años después del inicio de la investigación, en una vista que será trasmitida en tiempo real, el Ministerio Público sustentará su teoría para llamar a juicio a 62 personas también por corrupción, entre ellos los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela(2014-2019).
El caso está en manos de la jueza Baloisa Marquínez y la vista comenzará en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, ubicado en el palacio de justicia Gil Ponce.
Sin embargo, abogados defensores de los procesados vaticinan que el proceso se podría suspender porque supuestamente no se cumplieron varios trámites.
Por su parte, medios de prensa en la cobertura indican expectativas por la participación de Martinelli en la vista, pues el Tribunal Electoral tiene pendiente de resolver una reconsideración de un fallo de un juzgado que autorizó levantarle el fuero electoral penal para que así pueda comparecer.
Entre los imputados también sobresalen dos hijos del exgobernante, Ricardo Alberto y Luis Enrique, presos en Estados Uhidos por el mismo delito, quienes declararon ser responsables de recibir coimas y enviar el dinero a cuentas fantasmas, en el orden de los 28 millones de dólares.
Los hermanos Martinelli Linares fueron capturados en Guatemala el 6 de julio de 2020, a solicitud de Estados Unidos.
Luis Enrique fue extraditado el 15 de noviembre de 2021 y Ricardo Alberto, el 10 de diciembre de ese año. El primero se declaró culpable el 2 de diciembre; y el segundo, el 14 de ese mismo mes.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá indicó que tiene como fecha alterna de esta audiencia del 12 al 30 de septiembre de este año.
Según analistas, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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