Dirigentes de la alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a cinco centrales obreras, movimientos comunitarios, gremios de profesionales, docentes, estudiantes, campesinos, constructores y transportistas, entre otros, aseveraron que la medida de presión demandará al Gobierno que instale una sola mesa de diálogo con todos los actores que luchan en las calles por justicia social.
La víspera, el Ejecutivo y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) acordaron rebajar a 3,25 dólares el precio del galón de combustible y poner fin a los cierres de carreteras en el país.
El documento suscrito en la provincia de Veraguas señala que el periodo vigente de los precios está ligado a la variación de las cotizaciones del mercado internacional del petróleo o de situaciones de costo internacional.
La Anadepo precisó que su compromiso incluye solo a sus integrantes y que a partir de la firma del acuerdo, levantarán todos los cierres de vías de comunicación (calles, caminos, carreteras nacionales, incluyendo la Interamericana y espacios acuáticos).
De inmediato, la alianza Pueblo Unido por la Vida, también protagonista de las huelgas hace dos semanas, reaccionó y emitió un comunicado desde la capital del país en el que desconoció los acuerdos suscritos por otras organizaciones.
Asimismo instó al Ejecutivo a establecer una sola mesa de diálogo, al tiempo que denunció maniobras para dividir a las fuerzas populares en lucha en la calle contra el alto costo de la vida.
También cuestionó que la Anadepo pretendió asumir la representación de todas las organizaciones a nivel nacional y eso es inaceptable.
En ese sentido, el colectivo reafirmó nuevas medidas de presión contundentes desde este lunes.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, explicó que la acción será permanente hasta que el Ejecutivo comprenda la necesidad de conversar con todas la fuerzas que lideran estas huelgas contra los precios galopantes del combustible, la canasta básica y los medicamentos, entre otros reclamos.
El descontento popular, que no se veía desde hace al menos 33 años, según analistas, ocurre en un escenario de alza de la inflación, tras dos años de pandemia de la Covid-19, aumento en el precio del carburante, tasa de desempleo del 9,9 por ciento y un 47,6 por ciento de la informalidad en el mercado laboral.
Para los dirigentes de movimientos populares y organizaciones sindicales, lo medular no son centavos más o menos en las cotizaciones de los combustibles, sino el rechazo generalizado a un modelo económico neoliberal decadente que incentiva la desigualdad y la pobreza y eso tiene y tendrá al pueblo enardecido en las calles. jf/ga
