Los proyectos de las bancadas de Avanza País y Renovación Popular, de derecha extrema, plantean, respectivamente, reducir la mayoría exigida en el procedimiento de vacancia (destitución), de 87 a 78, y dar atribuciones al pleno congresional para suspender al gobernante por mayoría simple, con 66 votos.
Previamente, el diputado William Elera pidió convocar a un pleno parlamentario para tratar la vacancia, lo cual, dijo, requiere de que lo soliciten, coincidentemente 78 legisladores.
Un nuevo escándalo político es esta vez la causa invocada para la vacancia de Castillo, buscada desde el inicio de su administración, hace casi un año e intentada dos veces en las que no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios de los 130 congresistas
Elera no está, sin embargo, de acuerdo con el proyecto de reducción de votos, porque está concebido para vacar a Castillo, cuando la Constitución prohíbe las llamadas leyes con nombre propio.
Plantea en cambio un proceso por infracciones constitucionales, cuya legalidad está en discusión, que culminaría con la suspensión o inhabilitación del jefe de Estado por 10 años, por mayoría simple, para ejercer cargos públicos, lo cual, según Elera, tomaría 45 días.
El detonante que provocó el tercer intento de vacancia fue generado por el exministro del Interior Mariano González, quien, tras cesar en el cargo, acusó al presidente de estar comprometido con la corrupción y obstruir la búsqueda de dos exfuncionarios y un sobrino de Castillo indagados por corrupción y prófugos.
El ataque estrechó el asedio al gobernante, cuya defenestración es objetivo de una campaña mediática, política y empresarial que aprovecha los errores, limitaciones y otros flancos débiles del presidente que sufre, además, de una elevada impopularidad.
Un reportero hizo notar que el Congreso de la República tampoco está en buen pie, pues su impopularidad es, según las encuestas, superior que la de Castillo y la mayoría de la población opina que, en todo caso, debe haber elecciones para renovar el Ejecutivo y el Legislativo.
El exministro planteó que, tras la vacancia, la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la jefatura del Estado e inicie una transición hacia elecciones generales, lo cual no tiene eco en la oposición, que lleva adelante un proceso para inhabilitarla.
Fuentes congresionales señalaron que, los afanes de vacancia coinciden con el proceso de elección de una nueva dirección parlamentaria que deja ver señales de pugnas dentro de los bloques de extrema derecha y centro-derecha.
Esas pugnas pueden exacerbarse por la perspectiva de que, sin vicepresidenta, la sucesión presidencial recaería sobre quien sea elegido o elegida presidenta del congreso unicameral la próxima semana.
Tal desenlace significaría que el parlamento, con 79 por ciento de desaprobación, tendría el control del Ejecutivo, lo que puede generar reacciones sociales como las que obligaron a renunciar en noviembre de 2020 al efímero presidente Manuel Merino,
Merino llegó al cargo desde la presidencia del Congreso tras la vacancia de Martín Vizcarra, quien como vicepresidente reemplazó dos años antes a Pedro Pablo Kuczynski, renunciado por un escándalo de corrupción.
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