La acusación incluye al jugador, el club catalán, el Santos de Brasil, el padre de Neymar, su madre y la empresa familiar N&N, por cargos de fraude y corrupción durante la operación realizada en 2013.
Igualmente fueron imputados en el caso el exdirectivo del Santos Odilio Rodrigues, y Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, entonces presidente y vicepresidente del Barcelona.
El caso tiene su origen en una denuncia del grupo inversor brasileño DIS, propietario de parte de los derechos de traspaso del atacante, que alega haber recibido menos dinero del previsto.
En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de España rechazó los recursos presentados por el jugador, sus padres, N&N y los dos clubes, por lo que fue necesario llegar a este juicio.
Inicialmente el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para su familia y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
La empresa brasileña también objeta un contrato de exclusividad entre el club y futbolista firmado en 2011 que impidió a los otros equipos entrar en la subasta, lo que, según la justicia española, podría haber vulnerado las reglas del libre mercado.
Ahora la fiscalía solicita una pena de dos años de cárcel y 10 millones de euros de multa para Neymar, quien en su declaración ante el juez alegó que él sólo jugaba al fútbol y confiaba ciegamente en su padre, que es su agente.
Ya el caso tuvo un primer momento en 2016, tras el cual el plantel azulgrana aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros para evitar un juicio.
mv/lp
