La norma sobre la reducción de la plantilla estatal en 10 por ciento fue de las primeras que generó confusión en torno a si se refiere a una reducción en número de personas o de una disminución en el monto de los salarios que se pagan.
Según explicó al diario La Prensa, el director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, el objetivo es reducir el monto mensual y para ello se tomó como base el gasto del mes de abril de la llamada “plantilla afectable”, que deja fuera del esquema a la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial.
El experto precisó que se trata de 220 mil funcionarios y de un salario mensual de 356 millones de dólares, por lo que el 10 por ciento representa unos 35,6 millones de dólares.
Teniendo esto en cuenta y sumando las cargas sociales asociadas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera entre agosto y diciembre de 2022 un ahorro conjunto de 205 millones de dólares, señaló.
A cada entidad se le comunicará una cuota de reducción de su gasto, en el que las entidades deberán decidir cómo lograrla, aunque la primera alternativa será a través de la rotación natural de personal, no renovando las bajas que se produzcan por jubilaciones, renuncias o despidos justificados.
En diálogo la víspera del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, con corresponsales de la prensa extranjera, uno de sus colaboradores y vocero del Gobierno, Juan Antonio Ducruet, también director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aseveró que esa fórmula es la que aplican en esa institución.
Para el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, es poco probable que se consigan esos niveles de ahorro solamente a través de la rotación natural, teniendo en cuenta que hay funcionarios contratados que se rigen bajo leyes especiales, una normativa que también Carrizo reafirmó ante los comunicadores deberán respetar.
Otro extitular de esa cartera como Fernando Aramburú, consideró que el efecto mayor se debe notar el presupuesto del próximo año, aunque lo calificó como “insuficiente”, reclamando medidas más profundas respecto a los fondos destinados al Legislativo y la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como la revisión de los subsidios.
Sobre el parlamento dijo que lo que la población está pidiendo son muestras reales de austeridad y entre ellas está ajustar el presupuesto de forma categórica, acabar con esas plantillas que no se justifican, como la de los asesores en diversas ramas.
De otra parte el MEF impulsa una reestructuración dinámica del Presupuesto del Estado, como aseveró también en el encuentro con corresponsales de la prensa extranjera el actual titular de esa cartera, Héctor Alexander.
«Me cuesta explicar y exigir porque se cumpla esa medida en los Consejos de Gabinete y decir a los respectivos ministerios que no podemos enfrentar con más gastos muchas de sus prioridades», admitió.
Según el MEF con esta medida es una mayor contención de gastos de funcionamiento como de capital, y la reestructuración podría estar en el orden de los 216 millones de dólares y se avanza en otros 55 millones de dólares.
Sin embargo, Alexander llamó “historia en desarrollo”, los impactos externos que todavía podrían sobrevenir para la economía nacional como la guerra entre Rusia y Ucrania, además de los acuerdos que se deriven de una mesa de diálogo en la provincia de Coclé entre el Ejecutivo y organizaciones sociales en protesta contra el alto costo de la vida.
En ese sentido, sobresalen las presiones que se ejercen sobre el gasto solo en subsidios como los 200 millones de dólares aprobados para conseguir el beneficio por tres meses de congelar el precio de la gasolina y el diésel a 3,25 dólares el galón (3,78 litros), una medida que podría ser prorrogada.
También en esas conversaciones, el ejecutivo se ha comprometido a subsidiar una serie de alimentos y quedan en el debate temas pendientes como los medicamentos.
Por otra parte, los subsidios que se aprobaron en la Covid-19 en el estado de emergencia, que estaban programados hasta junio, fueron extendidos hasta fin de 2022, mientras el ingreso se puede ver afectado por la ralentización de la economía.
En ese sentido, agencias calificadoras de riesgo como Moody’s y Fitch han señalado recientemente que en esta coyuntura se elevan los desafíos para cumplir con la meta de déficit y estiman poco probable que se realicen grandes y rápidos ahorros a través de estas medidas.
mgt/ga
