A través del decreto 810/2022, publicado en el Boletín Oficial de ese territorio, el gobernador Axel Kicillof resaltó la contribución de ese organismo a la recopilación, conservación y exposición de documentos sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura militar en este país (1976-1983).
Esa labor “permite a las víctimas, personas allegadas y a la ciudadanía el acceso a la información, a fin de conocer la verdad sobre lo ocurrido y evitar la repetición de tales actos, garantizando el acercamiento a la justicia y a una reparación integral”, señala el texto.
Además, refiere el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la preservación física de los sitios de memoria y evitar la sustracción, destrucción o falsificación de imágenes, planos, documentos, archivos o cualquier otro dato que pueda ser evidencia de las violaciones a los derechos humanos.
El archivo objeto de la presente declaración es de sustancial importancia para la provincia de Buenos Aires, máxime previéndose próximamente su traslado hacia nuestro territorio, añade.
El 30 de abril de 1977, un grupo de madres de jóvenes desaparecidos tras el golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976, comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, justo frente a la sede del Gobierno.
Desde ese momento, no sin incontables obstáculos y amenazas, las Madres continuaron reclamando por sus hijos y por las más de 30 mil víctimas del régimen instaurado por las llamadas Juntas Militares.
El Archivo reúne detalles de 45 años de lucha y resistencia y de los horrores perpetrados en aquellos años.
mv/gas
