El Gobierno central del país defendió la ley de seguridad nacional aplicada en Hong Kong, afirmó que su adopción siguió a amplias consultas con varios sectores y pasó por procedimientos transparentes.
Según acotó, las operaciones emprendidas bajo esa norma se basan en las leyes y las evidencias, los juicios se desarrollan de forma independiente e imparcial, y se protegieron debidamente los derechos de los sospechosos.
Mencionó como resultado la prevención, detección y castigo a las actividades ilegales y criminales que amenazan la seguridad nacional, así como la garantía a la prosperidad y la estabilidad social de la zona, y los derechos y las libertades de la gran mayoría de las personas, incluida la libertad de expresión y de prensa.
También se refirió a las mejoras en el sistema electoral con el poder político en manos de los patriotas, y en la selección del Consejo Legislativo y el jefe ejecutivo de Hong Kong con amplio apoyo público.
Beijing también citó los procesos del sistema político en Macao y subrayó que las autoridades locales cumplen “con sus legítimas obligaciones constitucionales al proteger la bandera nacional, el emblema nacional, el himno nacional, y otros símbolos y representaciones” de China.
Acotó que organizan elecciones y defienden el orden constitucional de acuerdo con la ley allí, y no ocurrió ningún deterioro de los derechos humanos.
Aparte del Gobierno central de China, los ejecutivos de Hong Kong y Macao también manifestaron oposición a las críticas del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus territorios.
El organismo internacional se mostró «profundamente preocupado» porque desde la implementación de la ley de seguridad nacional en Hong Kong más de 200 personas, incluyendo niños, fueron arrestados.
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