Si bien el tratamiento del asunto en esas conversaciones entre el Gobierno y las organizaciones populares en huelga tuvo más consensos que disensos, uno de los voceros de esos colectivos, Saúl Méndez, aseveró que, semántica aparte, lo que el pueblo espera en las calles son respuestas a sus necesidades como acceder a medicinas con precios asequibles.
El también secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción también lamentó que no se pusieron de acuerdo sobre el margen de ganancias en la cadena de compra y distribución de medicamentos de farmacia privadas.
“Lo que en realidad pasa, remarcó, es que el Ejecutivo favorece a cinco grandes oligopolios que dominan el sector y se enriquecen a costa de los panameños y sus impuestos”.
Sobre este particular, la economista Maribel Gordón explicó que los que tiene sentados en la mesa a los funcionarios públicos es el alto costo de los medicamentos, al tiempo que aseguró que esas cinco empresas obtienen ganancias por encima del 300 por ciento de las ventas; y que no solo se trata de los fármacos para tratar la hipertensión y diabetes.
También otro de los voceros de las alianzas populares, Fernando Castañeda, alertó sobre posibles represalias que se puedan cometer contra los trabajadores de los diversos sectores en reclamo de justicia social y exigió además al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social controles efectivos de la efectividad clínica y terapéutica de los medicamentos que compra.
Las partes consensuaron dar acceso a medicamentos de calidad sin burocracia excesiva en un tiempo no mayor de 90 días a partir de la firma del acta, así como modificar las regulaciones sobre transparencia para hacer que la información del abastecimiento sea con reportes reales, de manera pública y a través de una plataforma digital, así como escrita, de forma obligatoria.
También acordaron que el Ejecutivo se hace responsable de sancionar al que falsee u oculte información sobre abastecimiento de medicamentos o deje de cumplir con los procesos de compras para beneficiar a una u otra empresa o en detrimento de las instituciones.
De igual manera coincidieron en incentivar a empresas para que la fabricación de medicamentos sea dentro del territorio nacional, cumpliendo con el Decreto Ejecutivo 267 de 21 de octubre de 2014.
Las autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, recalcaron su voluntad de cumplir con los compromisos contraídos y precisaron que el martes de la próxima semana, la mesa de medicamentos instalada por la Presidencia de la República, evaluará y anunciará al país los precios topes de las medicinas.
Sucre explicó que el Gobierno intenta consultar otros sectores, pese a la resistencia de las agrupaciones sociales que participaron en la mesa que sesiona en el Centro de Cristo Sembrador de Penonomé, con la Iglesia católica como facilitadora.
A saber, después de 10 días de sesiones ininterrumpidas, las partes también acordaron decretar este fin de semana un receso hasta el próximo miércoles 3 de agosto para comenzar con el tema de las tarifas de la energía eléctrica.
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