Tras un recurso presentado por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), el Tribunal Oral Federal 2 inició un proceso contra la también titular del Senado por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En múltiples ocasiones, Fernández denunció ser víctima de un acecho sin precedentes y recordó que la corte de este territorio sobreseyó la causa por inexistencia de delito.
Desde el inicio de la nueva gestión, en diciembre de 2019, advertimos que la “guerra jurídica” constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, la agenda política y la opinión pública, señaló la SDH en un comunicado.
El lawfare atenta contra los derechos fundamentales de las víctimas directas (dirigentes, funcionarios públicos y referentes de organizaciones sociales y sindicales). Además, habilita el diseño e implementación de políticas con un claro sesgo regresivo, indicó.
Asimismo, explicó que en casos como el de Fernández, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho y el debido proceso como la presunción de inocencia y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, denunció que estas agresiones se llevan a cabo contra quien representa a sectores populares mientras se mantiene la impunidad de grupos poderosos que permitieron o avalaron el endeudamiento criminal que condiciona a este país y generada pobreza.
El lawfare es una práctica antirrepublicana. Por eso, hacemos un llamamiento a favor de la independencia judicial y la democracia. La Secretaría lamenta profundamente que esta situación sea respaldada por la Corte Suprema que debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia, apuntó.
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