En presencia del Inspector General Administrativo Mikhail Fayyad, las partes discutieron las soluciones mínimas que permitan al empleado mejorar sus condiciones de vida y retomar plenamente sus funciones, luego de más de un mes de huelga abierta.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias, la asociación depositó ante el juez Attia un grupo de exigencias, indispensables para asegurar la igualdad y justicia de los trabajadores, en espera de una corrección real de los salarios y decretos emitidos recientemente por el gobierno en funciones.
Entre las demandas destacan la solicitud para aumentar el apoyo a la Cooperativa de Empleados del Estado y la Organización General de la Seguridad Social, así como garantizar la cobertura de los costos de hospitalización e incrementar las becas educativas.
Las peticiones de la Asociación serán entregadas por el juez Attia al primer ministro designado, Najib Miqati, quién “deberá responder a tales demandas legítimas para la restauración de las instituciones estatales”, afirmaron los empleados.
Ayer, la Federación de Sindicatos de Intereses Independientes e Instituciones Públicas anunció la suspensión de su huelga hasta el 10 de agosto, hasta la realización de una nueva reunión para determinar los próximos pasos y el cumplimiento de las medidas del gabinete.
Mediante un comunicado, el sindicato señaló que la pausa en el paro responde a la emisión por parte de la comisión ministerial de un decreto sobre subsidio de transporte y la implementación de la compensación por productividad.
Inflación del 890 por ciento, salario mínimo mensual menor a 25 dólares estadounidenses, devaluación de la moneda, altos precios en los artículos básicos y 2,2 millones de personas necesitadas de alimentos ejemplifican el agravamiento de la crisis en Líbano, según reportes de entidades especializadas de Naciones Unidas.
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