“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, explicó el mandatario.
Permaneció solo aproximadamente una hora, tiempo considerado insuficiente para la duración de un interrogatorio, lo cual, según abogados consultados, puede indicar que ha ejercido el derecho a guardar silencio ante el interrogatorio.
Castillo caminó las cinco cuadras que separan a la sede presidencial del Ministerio Público y emprendió el regreso al palacio también a pie.
Lo hizo pese a que sus abogados aseguraron ayer que de ninguna manera acudiría ante el emplazamiento de Benavides -cuyo desempeño cuestionan- porque consideran que es su prerrogativa como gobernante fijar donde ser interrogado, lo cual, según la fiscal, solo se aplica a dignatarios como testigos y no como investigados.
Castillo hizo el trayecto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y junto a un grupo de seguidores que lo alentaba coreando lemas como “Se siente, se siente, Castillo es inocente”.
Tras el ingreso del mandatario al edificio del Ministerio Público, grupos de seguidores y detractores se concentraron frente al edificio con carteles y consignas a favor y en contra del presidente o de la fiscal Benavides.
Castillo fue convocado por la fiscal a declarar sobre el llamado caso ascensor militares, referido a presuntas presiones por ascensos de determinados oficiales u otorgados a cambio de sobornos, según la hipótesis de a Fiscalía.
El mandatario ha sido convocado además a declarar en los próximos días sobre un contrato irregular, ya anulado, de compra por la empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú, de biodiesel de una empresa que es habitual proveedora de la compañía.
Días después de asumir el cargo, Benavides abrió las pesquisas a Castillo y otros presuntos implicados por esos casos, referidas al posible favorecimiento a determinadas empresas con contratos de obras públicas, a cambio de sobornos, y por supuesto encubrimiento a la fuga de allegados indagados por presunta corrupción.
Uno de los prófugos, el ex secretario presidencial Bruno Pacheco, se entregó a la Fiscalía y, según trascendidos de prensa, está declarando contra el mandatario acogiéndose a la condición de colaborador a fin de aminorar su sentencia
Además, está a próximo a hacer lo mismo el prófugo exministro de Transportes Juan Silva, según su abogado, Luis Yalán, quien anoche desmintió la afirmación de una televisora.
mv/mrs
