La organización no gubernamental National Security Archive entregó hace cuatro años los informes, los cuales tienen una antigüedad de más de ocho décadas.
Se trata de la colección más grande y actualizada de documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos relacionados con el conflicto armado colombiano, que abarca desde finales de la década de 1940 hasta la actualidad.
Estos archivos consisten en cables del departamento del Estado, comunicaciones entre dependencias gubernamentales y registros administrativos que dan cuenta del accionar y las relaciones entre Washington con las fuerzas armadas colombianas, y de ambas con insurgentes, narcotraficantes y otros grupos armados ilegales.
Los principales temas que aborda el proyecto son la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en temas de seguridad, derechos humanos, impunidad y programas de lucha antidrogas.
De acuerdo con el contenido de los archivos, la Comisión de la Verdad, utilizó algunos en la construcción del informe final sobre el conflicto armado interno.
Los documentos abarcan las temáticas relacionadas con el Plan Colombia (1998-2006), el narcotráfico, seguridad nacional y el conflicto armado, así como los orígenes del paramilitarismo y sus vínculos con la fuerza pública.
Según detalló el director de Colombia de National Security Archive, Michael L. Evans, por medio de estos archivos es posible comprobar la presión sobre los militares para vincular a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el narcotráfico.
Ello a fin de mantener la financiación y el apoyo de Estados Unidos en los planes contra la insurgencia.
Toda asistencia estadounidense dependía del narcotráfico, cuando los militares colombianos querían más ayuda tenían que presentar que los insurgentes y sus objetivos estaban muy vinculados, afirmó Evans.
En ese sentido, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), las muertes de presuntos guerrilleros aumentaron, lo cual se evidencia en los llamados «falsos positivos», ejecuciones extrajudiciales de inocentes por parte del Ejército como si fueran bajas en combate.
Los documentos advierten también acerca de los nexos entre las fuerzas estatales y los paramilitares y en específico uno de los textos vincula a Uribe con narcotraficantes, especialmente con Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín.
Al exmandatario también se le vincula con las Autodefensas Unidas de Colombia cuando fue gobernador de Antioquia.
En general, los archivos dejan ver como Estados Unidos tenía conocimiento de muchos de estos fenómenos, así como de masacres perpetradas por los paramilitares en las que las fuerzas de seguridad nada hicieron para detenerlas y, sin embargo, siguió colaborando con los militares de Colombia.
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