En el pozo inundado están atrapados 10 obreros desde el miércoles pasado y se teme que no hayan resistido pues las aguas no se han podido achicar lo necesario para que ingresen las brigadas de salvamento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en el lugar dándole ánimos a los familiares de las víctimas y emitiendo instrucciones acerca de los asuntos legales para esclarecer los hechos.
La dependencia aseguró en una nota de prensa, que sus averiguaciones iniciaron desde el viernes pasado, por lo que realiza ya tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero, e identificación de los trabajadores afectados.
Agregó que también requirió a distintas dependencias federales y estatales información sobre los diversos expedientes relacionados con la empresa que explota la mina, así como con sus dueños.
Reveló que al Instituto Mexicano del Seguro Social le pidió el informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo, y a la Secretaría de Economía los documentos sobre el título de concesión de la mina, asi como el nombre la persona física o moral a quien le fue otorgado.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá entregar un reporte sobre las inspecciones que haya realizado en la mina para verificar sus parámetros de seguridad laboral, una solicitud similar se hizo ante las autoridades locales.
A la Dirección de Protección Civil municipal le pidió que rindiera informe de las inspecciones practicadas en el lugar de referencia y a la subsecretaría del Estado de Coahuila información sobre las inspecciones que ha realizado en el lugar de los hechos.
Finalmente, el Servicio de Administración Tributaria deberá entregar un informe sobre el registro fiscal del propietario de la mina.
La Policía Federal Ministerial trabaja en el lugar de los hechos, entrevistando a los trabajadores del pozo siniestrado que salieron ilesos de esta tragedia.
Uno de los trabajadores aportó información sustancial sobre el concesionario, el mayordomo, así como del dueño del predio donde se encuentra la mina. Dichos datos deberán ser ratificados a través de las diligencias correspondientes, afirmó la FGR sin dar más detalles acerca de los dueños que siguen sin dar la cara.
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