«El Estado colombiano tiene una deuda social histórica. Los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes. El hambre se ha convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos, añade.
Puntualiza el documento que «No hay justicia social cuando esto ocurre, y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales».
El texto del proyecto de ley, señala que este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones.
Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria.
Segundo, en lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza a través de ajustes al sistema tributario, que permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia.
«Esta reforma que estamos proponiendo genera 25 billones de pesos anuales (alrededor de cinco mil 795 millones de dólares), pero esperamos que con la lucha contra la elusión y la evasión tributaria ese monto se eleve hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales (unos 11 mil 590 millones de dólares), que es lo que se habló a lo largo de la campaña presidencial», aseguró Ocampo.
De aprobarse la iniciativa, los 25 billones de pesos equivaldrían al 1,72 % del producto interno bruto (PIB) en 2023.
El proyecto de reforma presentado al Congreso cuya mayoría es favorable al presidente Gustavo Petro, se centra en reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos.
También contempla un tratamiento más equitativo entre los distintos tipos de rentas líquidas, en aras de lograr una mayor simplicidad del sistema, así como el establecimiento de un impuesto al patrimonio de la población más privilegiada.
Estas medidas, junto con la eliminación de exenciones y descuentos que generan asimetrías injustificadas en sectores productivos, permite la consecución de más fuentes de ingresos para el gasto social, a través de disposiciones que propenden por una asignación más eficiente de los recursos económicos.
Además, se alinean con la priorización que se hará de algunos sectores estratégicos de acuerdo con el plan de Gobierno del Presidente Petro, como por ejemplo la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo, y la economía popular.
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