«En el proceso participaron defensores de derechos, periodistas y activistas que durante años seguían la actividad de Azov. Ellos presentaron vídeos y audios, incluidos declaraciones de los testigos, que evidencian las torturas y los asesinatos de civiles, entre ellos niños», destacó el fiscal general Ígor Krasnov al periódico Kommersant.
Al referirse al proceso para declarar terrorista al grupo ucraniano, paso dado por el Tribunal Supremo ruso el pasado 2 de agosto, el funcionario judicial indicó que se hallaron pruebas de los ataques premeditados del batallón contra las instalaciones civiles y la colocación de artefactos explosivos en lugares concurridos.
Asimismo, Krasnov argumentó que las evidencias demuestran el carácter terrorista de los actos, así como el uso de armas y métodos prohibidos de guerra.
Los investigadores, consignó el fiscal, «llegaron a la conclusión inequívoca de que Azov actuaba como una formación nacionalista basada en la ideología nazi».
En ese sentido, remarcó que los crímenes perpetrados por sus integrantes podrían compararse por la crueldad con los actos de los invasores fascistas alemanes y sus cómplices en los años de la Segunda Guerra Mundial.
“Establecimos hechos que evidencian que los miembros de Azov se basaban en la ideología del fascismo, incluidos sus símbolos y consignas», sentenció Krasnov.
El Tribunal Supremo detalló que la designación de terrorista aplicada contra Azov implica penas de 10 a 20 años de prisión para las bases, y de 15 a 20 años, para los organizadores.
Al mismo tiempo, las normativas en vigor eximen de responsabilidad a las personas que, previamente al arresto y la apertura de diligencias, abandonen una organización designada como terrorista.
El batallón nacionalista Azov, surgió como una unidad de voluntarios de ideología neonazi, pero en 2014 pasó a formar parte de la Guardia Nacional de Ucrania. mem/odf
