En un comunicado de prensa distribuido en redes sociales, Undeca demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.
Advierte que la privatización de servicios de salud en otros países tuvo consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizadas durante la pandemia de Covid-19.
Ese sindicato tico resalta que el derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, encargada de la salud pública en Costa Rica) y añade que las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.
Lamentablemente, refiere, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años.
Precisa que esa deuda asciende a tres billones de colones -casi 4,5 miles de millones de dólares- y apunta que en segundo lugar responde a un problema de gestión de recursos institucionales.
Frente a ello, Undeca denuncia que la «mágica» solución del presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.
La CCSS -asegura ese sindicato tico- cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense.
Pero, señala, mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna.
Asimismo, prosigue, el tiempo extraordinario ha sido satanizado por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.
Por todo ello, Undeca exige al Gobierno pagarle a la Caja para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica que demanda la población.
«El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud», concluye.
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