En rigor la medida fue rubricada el sábado pasado por el ministro de Administración Territorial, Mory Condé, sin parentesco con el defenestrado mandatario, con la alegación de que el ente instiga a la violencia sobre las personas, destruye bienes públicos y privados, e incita a la discriminación de las personas por su origen o ideología.
Al tanto de su ilegalización, la coalición opositora convocó a nuevas protestas callejeras el próximo día 17 en demanda de un plazo creíble para el retorno a la constitucionalidad y de un diálogo entre el gobierno castrense, los actores políticos y las organizaciones sociales, muchas de estas cohesionadas en el FNDC.
Los choques de fines de julio pasado entre los contestatarios y las fuerzas del orden público dejaron un balance de cinco muertos y un número indeterminado, pero crecido de arrestados entre los primeros.
La ilegalización del FNDC, sin embargo, no despeja de opositores el camino del gobierno militar, liderado por el teniente coronel Mamadi Doumbouya, pues Fuerzas Vivas, alianza de sindicatos, ONGs y partidos políticos, exhortó a protestar el próximo lunes día 15 en demanda de la vuelta al orden constitucional.
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