El destacado economista participó en la mesa de análisis sobre “Desafíos en la Arquitectura Financiera Global y de América Latina en un Contexto de Crisis Múltiple”, de la Conferencia Regional “Tras la Pandemia, la Guerra”.
“De acuerdo con el pacto internacional de los derechos sociales, económicos y culturales, los estados deben garantizar el derecho a la alimentación, educación, salud, vivienda, también conocidos como derechos del buen vivir”, expresó.
Anotó que el referido pacto plantea que en una transición debe procurarse de manera progresiva el máximo de los recursos disponibles, aunque los gobiernos de la región destinan el mínimo de recursos en pro de los derechos humanos.
Según Arauz, explicó que el gasto público realizado para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y la caída de la recaudación tributaria, determinaron aumentos significativos de los déficit fiscales, del endeudamiento en la región y del mayor servicio de la deuda externa, de 59 por ciento de sus ingresos por exportaciones.
En ese contexto, agregó, la forma más conveniente, eficiente y menos costosa de aumentar la liquidez en los países de la región es asignar derechos especiales de giro (DEG), instrumentos disponibles para dotar de recursos a los estados.
En tal sentido, recomendó a los países de la región exigir una política global que promueva la creación de recursos de divisas internacionales para aliviar la situación del planeta, por lo cual “los DEG deben ser un instrumento que vaya mucho más allá de las políticas contra cíclicas”.
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