El presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach anunciaron la recepción de ese primer desembolso -de tres por un monto total de 60 millones de dólares- logrado como Pago por Resultados, por la venta de 12 millones de toneladas de emisiones reducidas (CO2), correspondientes al período 2018–2024.
En conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los miércoles, Chaves y Tattenbach firmaron dos decretos ejecutivos para definir el rumbo inmediato de esos recursos, que ingresaron porque Costa Rica logró revertir la deforestación al punto que hoy la cobertura boscosa es cercana al 60 por ciento del territorio nacional.
El primero, Pago de Servicios Ambientales a Poseedores de Bosque, modifica el Reglamento a la Ley Forestal, con el objetivo de permitir que todas aquellas personas poseedores legítimas de fincas, sin título de propiedad, puedan solicitar el beneficio de Pago Por Servicios Ambientales (PSA).
Mientras, el segundo modifica el Reglamento a la Ley Forestal y establece las condiciones habilitadoras para poner en operación mecanismos diferenciadores de servicios ambientales a reconocer como en este caso el CREF (Contratos de Reducción de Emisiones).
Chaves agradeció al Banco Mundial por la confianza depositada en las capacidades de Costa Rica y su importante papel como aliado en la cooperación para el financiamiento de los servicios ecosistémicos y, principalmente, a los propietarios y poseedores de bosques, quienes salvaguardan uno de los recursos más valiosos del país, su capital natural.
Asimismo, el primer decreto corrige una injusticia basaba en una interpretación legal, lo cual dejaba a cientos de emprendedores y campesinos fuera del programa de PSA por no tener título de propiedad.
Sobre el segundo decreto, Tattenbach destacó que el CREF posee cualidades diferenciadoras en cuanto al monto a pagar, pues se trata del reconocimiento de un único servicio ambiental ya brindado, donde no existe límite en cuanto al área a someter, procesos de afectación, o criterios de priorización.
Se trata, explicó, de un mecanismo de implementación ágil y efectivo a nivel nacional, que sin tramitología engorrosa o dilataciones innecesarias, le hace llegar recursos económicos a los productores y cuyo proceso de reclutamiento de fincas se encuentra abierto y a disposición de los interesados.
El Ministerio de Ambiente refirió que el CREF sumará a la experiencia del PSA y esto permitirá garantizar como país que se mantenga el financiamiento anual de al menos 700 mil hectáreas de bosque natural.
Además, de la cobertura forestal necesaria para mantener el reclamo posterior de reducciones de emisiones, lo cual posibilitará financiar 430 mil hectáreas adicionales.
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