Iniciadas el pasado 21 de julio en la provincia de Coclé, con la Iglesia católica como facilitadora, las negociaciones lograron frenar casi un mes de protestas en varias provincias y cierres viales que pusieron en jaque a la economía nacional.
Las partes en conflicto acordaron ocho temas priorizados para intentar consensos en reclamos claves de los colectivos como reducir y congelar los altos costos de alimentos, combustibles, medicinas y la tarifa eléctrica, además de mejoras a la educación, entre otros.
En las conversaciones, una representación del Ejecutivo, al recibir las propuestas de las agrupaciones, acordó ciertas medidas paliativas, entre ellas reducir el precio a 72 productos de la canasta básica y controlar su puesta en marcha, pero sin reconocer la necesidad de limitar las ganancias de poderosos grupos empresariales.
Para el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, esta vez el pueblo vuelve a las calles para hacerle un llamado de alerta al Gobierno de que sea serio y cumpla con los acuerdos de la mesa.
Andrade dijo a la prensa que los hombres de negocios desconocen lo poco que se ha pactado, amenazan con el desabastecimiento y además encarecen algunos productos, mientras el Gobierno no hace nada para defender a la población.
También el coordinador del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, fustigó la aparición en los medios de comunicación de representantes del Ejecutivo en la mesa que aseguran que han cumplido y que el pueblo no tiene derecho a manifestarse en las calles.
Para esos funcionarios, entre los que mencionó al viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni; y al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, “cumplir es firmar un acta, dar la espalda y luego dejar que los empresarios hagan lo que les venga en gana”, señaló.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, precisó que en los mitines en diversas partes del país exigirán respuestas concretas a las necesidades del pueblo.
Méndez defendió además el derecho de los panameños a disponer de cuatro centrales hidroeléctricas donde el Estado tiene el 49 por ciento de las acciones, pero sus administradores además de obtener enormes ganancias, disponen de la complicidad de un Ejecutivo que se resiste a rebajar la tarifa eléctrica.
La mesa única de diálogo en la ciudad de Penonomé deberá retomar las sesiones mañana jueves para debatir sobre corrupción, al tiempo que quedó pendiente llegar a conclusiones en temas controversiales como la rebaja de la tarifa eléctrica, medicamentos y la crisis de la Caja de Seguro Social.
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