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Reforma tributaria en Colombia busca saldar deuda social histórica

Bogotá, 10 ago (Prensa Latina) Una de las primeras acciones del nuevo gobierno de Colombia fue radicar en el congreso un proyecto de ley de reforma tributaria con el fin de recaudar recursos para reducir la deuda social.

El ministro de Hacienda del país, José Antonio Ocampo, al presentar la iniciativa este lunes, manifestó que el Estado tiene una deuda social histórica, los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes y el hambre se ha convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos.

La oposición ha manifestado diferentes criterios al respecto sobre todo una supuesta preocupación por la afectación al pueblo.

En particular el otrora partido de gobierno Centro Democrático, señaló que, frente a la reforma tributaria presentada por el gobierno, hará un estudio juicioso para pronunciarse próximamente sobre las preocupaciones y propuestas que tiene ante este proyecto, «teniendo como fin el cuidado del bolsillo de todos los colombianos».

El propio presidente de la nación, Gustavo Petro, destacó que la reforma tributaria presentada cumple con lo que dicho en su campaña electoral porque en especial «Grava a los que más tienen» para lograr disminuir de manera importante la desigualdad social.

La reforma tributaria es un paso importante para lograr un gran Pacto Social, avanzar hacia la paz, y avanzar hacia la justicia y disminuirá el índice Gini, el indicador de la desigualdad, de 0,54 a 0,49, afirmó el presidente Petro.

«En el primer día de gobierno del Presidente @petrogustavo presenté como @MinHacienda una reforma tributaria que busca hacer más equitativo nuestro sistema tributario y combatir la evasión para generar recursos para una política en favor de los sectores menos favorecidos», subrayó el titular en su cuenta en Twitter.

El proyecto legislativo tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones:

Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria.

Segundo, lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza a través de ajustes al sistema tributario, que permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia.

«Esta reforma que estamos proponiendo genera 25 billones de pesos anuales (alrededor de cinco mil 795 millones de dólares), pero esperamos que con la lucha contra la elusión y la evasión tributaria ese monto se eleve hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales (unos 11 mil 590 millones de dólares), que es lo que se habló a lo largo de la campaña presidencial», aseguró Ocampo.

De aprobarse la iniciativa, los 25 billones de pesos equivaldrían al 1,72 % del producto interno bruto (PIB) en 2023.

El proyecto de reforma presentado al Congreso, cuya mayoría es favorable al presidente Petro, se centra en reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos.

También contempla un tratamiento más equitativo entre los distintos tipos de rentas líquidas, en aras de lograr una mayor simplicidad del sistema, así como el establecimiento de un impuesto al patrimonio de la población más privilegiada.

Estas medidas, junto con la eliminación de exenciones y descuentos que generan asimetrías injustificadas en sectores productivos, permite la consecución de más fuentes de ingresos para el gasto social, a través de disposiciones que propenden por una asignación más eficiente de los recursos económicos.

Además, se alinean con la priorización que se hará de algunos sectores estratégicos de acuerdo con el plan de gobierno como por ejemplo la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo, y la economía popular.

La nueva propuesta marca una diferencia total con la reforma presentada en 2021 por el exministro Alberto Carrasquilla del gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), porque aquella imponía gravar todos los productos de la canasta familiar con impuesto al valor agregado.

Este elemento, y no el único, generó un descontento popular en el país que desembocó en uno de los estallidos sociales más grandes en los últimos 70 años en Colombia.

La propuesta, para acentuar más el rechazo del pueblo, fue presentada en medio de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19, que no solo fue sanitaria, sino también económica y social. Ante la ola de protestas contra lo que sería su proyecto estrella del final de su mandato y el más ambicioso, tuvo que derogarlo, pero ya había marcado fuertemente al país, las movilizaciones sociales se extendieron por más de dos meses y se convirtieron en espacio para exigir otros derechos postergados del pueblo.

Fue uno de los elementos que condujeron al cambio de gobierno, expresado en las urnas, al decir de analistas y politólogos como el profesor Jairo Estrada.

mem/otf

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