Más de siete mil personas que entraron al territorio estadounidense por la frontera sur fueron colocadas a bordo de autobuses desde Texas y Arizona, dos estados gobernados por republicanos, con destino a la capital del país y Nueva York.
Su traslado obedece al rechazo de las administraciones locales con las políticas migratorias del gobierno del actual presidente, el demócrata Joe Biden, en lo que constituye una disputa más entre los dos principales partidos estadounidenses.
La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, renovó la víspera su solicitud al Pentágono para que la Guardia Nacional la ayude con los inmigrantes provenientes de Texas y Arizona.
En un comunicado, un portavoz del Departamento de Defensa confirmó que recibieron el pedido, muy similar al que hicieron las autoridades capitalinas hace unas semanas y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, rechazó.
Por su parte, el gobierno neoyorquino advirtió que los centros de acogida superan ya su capacidad tras la llegada de más de cuatro mil migrantes desde mayo.
Manuel Castro, comisionado para asuntos migratorios del alcalde demócrata de la Gran Manzana, Eric Adams, señaló que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, pretende utilizar esta crisis humanitaria como parte de una venganza política.
Lo hace para incitar al sentimiento antiinmigración, pero Nueva York no caerá en ello, subrayó Castro.
Según Abbott, Biden dejó desprotegido al país frente a “una invasión”, y eso los ha obligado a construir un muro fronterizo y desplegar fuerzas militares estatales.
En julio pasado, el jefe del ejecutivo texano intentó dar poderes a la policía para expulsar de inmediato a quienes ingresaban de forma ilegal por la frontera de su estado con México, pero desde la Casa Blanca le recordaron que el gobierno federal es el único habilitado para decidir qué hacer en materia migratoria.
En respuesta fue que decidió mandarlos para Washington D.C., donde Biden y su equipo puedan verlos, y también para Nueva York, ciudad liderada por demócratas y donde radican miles de refugiados y solicitantes de asilo.
Esa misma fue la reacción del gobernador de Arizona, el también republicano Doug Ducey, quien argumentó que los traslados eran necesarios debido a la «poca acción o asistencia del gobierno federal».
¿Realmente Biden da carta blanca a los migrantes para ingresar libremente al país? Las cifras indican lo contrario.
En el año fiscal 2021 las detenciones de migrantes subieron a 1,7 millones, y en lo que va del periodo 2022 se han registrado 1,5 millones de detenciones.
Si bien es cierto que la justicia estadounidense permitió a Biden abolir el programa migratorio Quédate en México, lanzado por su predecesor Donald Trump para obligar a los solicitantes de asilo a salir del país mientras esperaban sus audiencias, otras políticas siguen vigentes.
Entre ellas está el Título 42, medida también adoptada por Trump durante la pandemia de Covid-19 y a través de la cual las autoridades fronterizas expulsan de forma expedita a los inmigrantes, quedando sin derecho a solicitar asilo.
Incluso si el Título 42 es derogado seguirá vigente el Título 8, o sea, la norma migratoria que imperaba en el país antes de la pandemia bajo la cual los agentes determinan si los inmigrantes son enviados a tribunales o son deportados.
Además, Biden, que prometió una política migratoria diferente a la de Trump, dio luz verde recientemente a uno de los proyectos más simbólicos de su predecesor al autorizar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a completar una sección del muro fronterizo con México en Arizona.
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