En un comunicado, la líder indígena guatemalteca manifiesta su apoyo a la lucha de la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, la cual pidió a la directiva del Legislativo derogar la iniciativa de ley 6076, «Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército».
Esta propuesta, afirma Menchú, pretende legalizar el actuar represivo y el abuso desmedido de la fuerza pública hacia las manifestaciones pacíficas y legítimas de la población en general y principalmente la criminalización de las luchas de los pueblos indígenas de Guatemala.
«Me uno al expreso legítimo de repudio y rechazo total al proceder de la actual legislatura del Congreso, al promulgar leyes que atentan contra la democracia, el derecho de reunión y manifestación, derecho a la libertad de emisión del pensamiento, entre otros, que violenta la 6076», ratifica en su pronunciamiento la Nobel de la Paz 1992.
En ese sentido, llama a los diputados a abstenerse de seguir conociendo esta propuesta y archivarla en definitiva para que actúen en consecuencia de legislar a favor del pueblo al cual representan.
Igualmente, exhorta a las organizaciones y autoridades indígenas a sumarse a la lucha iniciada por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, y a la comunidad internacional y al sistema de las Naciones Unidas a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, especialmente contra los pueblos originarios.
El miércoles último, representantes de los 48 Cantones se apostaron fuera del Parlamento y exigieron a la junta directiva del Congreso una respuesta a su solicitud de archivar la iniciativa de ley o de lo contrario convocarían manifestaciones a nivel nacional.
La víspera, en medio de una segunda jornada de protestas contra el gobierno de Alejandro Giammattei, la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, se comprometió mediante un comunicado oficial a parar su discusión y remitirla a análisis antes de agendarla nuevamente.
Desde que la Comisión de Gobernación dio dictamen favorable exprés a la posible normativa, esta avanzó rápidamente en el pleno, al punto de lograr su aprobación en segunda lectura.
Bancadas de oposición intentaron esta semana quitar el punto de la agenda, pero no tuvieron éxito ante una aplastante mayoría oficialista que persiste en dar luz verde a policías y militares para reprimir la protesta social, según afirman. Analistas también llamaron la atención sobre una serie de inconstitucionalidades del texto, pero el peligro continúa latente mientras no se archive, advirtieron.
mem/mmc
