De acuerdo con uno de los voceros del Movimiento Nacional Comunal Federico Britton, Vlado Alvarez, en la provincia Panamá Oeste los activistas realizan jornadas de concientización de los pobladores sobre la falta de voluntad del Ejecutivo de impulsar medidas en beneficio del pueblo.
Álvarez indicó que entre otras acciones para reforzar esta demanda sobresale la participación en una marcha el próximo jueves de 18 de agosto hacia la presidencia de la República, convocada por la alianza Pueblo Unido por la Vida.
Jornadas de seguimiento a las conversaciones en la provincia de Coclé también tuvieron lugar la víspera en la capital, frente a la iglesia Don Bosco; y en la región original de la provincia de Chiriquí, en la comarca indígena Ngäbe Bugle.
El quinto tema de una agenda de ocho acordados en esas pláticas con la Iglesia católica como facilitadora, aplazado el pasado 5 de agosto, se reinició este domingo con el reclamo de los colectivos que se reduzca el 45 por ciento de la tarifa eléctrica, sin subsidio.
A nombre del Ejecutivo, el secretario de energía, Jorge Rivera, reiteró que, en estos momentos, la rebaja existente para el 71 por ciento de la población es del 51 por ciento mediante subsidio, por encima del 45 por ciento que piden los gremios.
Uno de los líderes de las organizaciones sociales, Ariel Muñoz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares, insistió en que el llamado subsidio- unos dos mil 100 millones de dólares- sale del mismo bolsillo de los panameños y solo para complacer a los oligopolios y empresarios privados que explotan los recursos del país y además elevan los precios de la electricidad.
«Es posible en Panamá tener energía barata y sin subsidio», dijo Muñoz en alusión a otro de los reclamos de los gremios: nacionalizar cuatro compañías mixtas, privatizadas en 1998, en alusión a las hidroeléctricas de La Fortuna, Estrella, Los Valles (provincia de Chiriquí) y Bayano (Panamá este) y que se integren a la Empresa de Generación Eléctrica.
Muñoz denunció además los tiempos de respuesta ante irregularidades del servicio que toma días en las zonas rurales y originarias y apenas horas en las ciudades, lo cual muestra la falta de interés con que el Gobierno atiende las necesidades de los sectores más humildes y zonas de difícil acceso.
También los grupos populares consideraron como una vergüenza que más de 350 escuelas, centros productivos y un 90 por ciento del territorio de la comarca originaria Ngäbe Buglé aún no dispongan de electricidad.
La mesa única de diálogo aplazó para una sesión particular la próxima semana el tema de corrupción- considerado el trasfondo de todos los males que aquejan a la sociedad panameña- tras la entrega de una propuesta de las alianzas de 32 puntos, que el Ejecutivo debe responder.
oda/ga
