Según explicaron los demandantes en una rueda de prensa virtual, la empresa española a cargo de la seguridad de la legación diplomática, fotografió y descargó información de sus equipos y celulares, y grabó las conversaciones con el periodista australiano, por orden de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Los visitantes que son abogados, periodistas y médicos con frecuencia llevan información confidencial en sus equipos, afirmó el abogado Richard Roth, quien recordó que la Constitución estadounidense protege a sus ciudadanos de las extralimitaciones del gobierno, incluso si ocurren en una embajada extranjera u otro país.
Assange está encerrado en una prisión londinense desde abril de 2019, cuando el entonces presidente ecuatoriano Lenin Moreno le retiró el asilo político otorgado siete años atrás por su antecesor, Rafael Correa.
En junio pasado, el gobierno británico consintió en extraditarlo a Estados Unidos, que pretende juzgarlo por exponer en WikiLeaks crímenes de guerra cometidos por sus militares en Iraq y Afganistán, y otros secretos de la diplomacia estadounidense.
La defensa del periodista australiano apeló la orden de extradición dada por la ministra del Interior, Priti Patel, y el caso podría reanudarse en el otoño ante el Tribunal Superior de Londres.
De ser extraditado y juzgado en un tribunal norteamericano, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos que se le imputan.
El espionaje en la embajadora ecuatoriana salió a relucir en varias ocasiones durante el juicio de extradición de Assange.
Dos exagentes de la empresa española UC Global que testificaron de manera anónima dijeron que espiaban a las personas que visitaban al periodista australiano, y compartía la información con los servicios de Inteligencia estadounidenses.
En septiembre de 2021, la plataforma digital de noticias Yahoo News reportó que la la CIA dirigida entonces por Pompeo discutió planes para secuestrar y asesinar al fundador de WikiLeaks en la embajada ecuatoriana.
En junio pasado, la abogada australiana Jennifer Robinson, quien es miembro del equipo de defensa de Assange, reveló que llegó a un acuerdo con el gobierno británico después que este admitiera ante la Corte Europea de Derechos Humanos que la mantuvo bajo vigilancia durante el tiempo que su cliente estuvo asilado en la legación diplomática.
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