El jefe de la fiscalía de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, W Stephen Muldrow, explicó en rueda de prensa que en una acción coordinada con agentes locales, miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desmantelaron “una empresa criminal” que operaba en los muelles de San Juan.
Los cargos federales emitidos por un gran jurado contra los siete miembros de la ILA incluyen violación a la RICO Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales), por lo que se contempla la confiscación de poco más de 1,1 millones de dólares, además de una residencia, un vehículo y un bote.
El pliego acusatorio incluye, aparte del presidente del gremio Sánchez-Ortiz, a Pedro Pastrana González, Iara Clemente Rivera, Jorge Batista Maldonado, Víctor Torres Barrosom, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.
Según indicó el jefe de los fiscales federales en Puerto Rico, los apresados conspiraron para extorsionar a las compañías navieras, a las que exigían pagar tarifas por la carga y descarga de mercancía en los muelles 9, 10 y 11 en San Juan, bajo amenazas de protestas y paros del sindicato ILA, brazo local de la International Longhoremen’s Association de Estados Unidos.
El gremio de estibadores estuvo involucrado en un conflicto desde finales de 2019 hasta avanzado el año 2021 con la empresa Luis Ayala, operadora de uno de los muelles de carga del área de Puerto Nuevo, en San Juan, lo que generó gran preocupación en la Asociación de Comercio al Detal, ya que el 85 por ciento de lo consumido por Puerto Rico es importado. ro/nrm
