El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, declaró a Prensa Latina que la movilización se realizará el jueves próximo, y culminará frente al Palacio Legislativo, donde la bancada de la organización Avanza País presentó la semana pasada un proyecto de ley para anular el decreto.
“La marcha mostrará nuestro rechazo a la pretensión de revertir una conquista alcanzada por las luchas de los trabajadores”, señaló.
La norma restablece la protección a los derechos a la huelga, a la sindicalización y la negociación colectiva de mejoras salariales y condiciones laborales en bloques integrados por ramas de actividad empresarial.
Las agrupaciones empresariales rechazan el decreto y otro simultáneo que reduce a actividades principales de las empresas la llamada tercerización que permitía contratar personal con merma de derechos a través de intermediarias que lucran con parte de los salarios y muchas veces pertenecen a los mismos contratantes.
El líder sindical López declaró que los empresarios están acostumbrados a imponer sus condiciones porque desde hace 30 años por una política neoliberal que eliminó o recortó derechos laborales que les permitió acerca de sobre-explotar a los trabajadores.
En ese tiempo, dijo, “han hecho uso y abuso de la explotación a los trabajadores, al no permitirles que se organicen en sindicatos ni tengan la posibilidad de la negociación colectiva”.
Las presiones empresariales sostienen que reconocer los derechos de los trabajadores propicia la informalidad laboral, afecta la reactivación económica e incrementa la carga regulatoria, lo cual, a su vez, ahuyentaría la inversión privada, criterios similares a los invocados en el proyecto de ley cuestionado.
También marcharon hasta Lima cientos de trabajadores de la mina Las Quenuales, de la transnacional Glenco, ubicada en Casapalca, a 114 kilómetros al este de la capital.
Exigieron respeto a las reformas y atención de la empresa Glenco a su reclamos de condiciones adecuadas de trabajo y seguridad en las operaciones mineras, entre otros puntos.
Los mineros fueron recibidos por el presidente Pedro Castillo, quien indicó al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que defienda, como corresponde, los derechos laborales.
Un dirigente de los mineros dijo en un discurso que era la segunda vez que su sindicato era recibido en el Palacio de Gobierno y que la primera en 1989, cuando el sindicalista Saúl Cantoral obtuvo una audiencia y tres meses después fue asesinado por paramilitares.
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