El intercambio de criterios se produjo durante la discusión de la vigente Ley de Petróleo, promulgada el 6 de julio de 1993 y modificada y complementada en 2000, 2008, 2018, cuyo Artículo 24 se refiere específicamente al tema de la contratación.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Económicos del Legislativo, varios diputados sugirieron que el Primer Ministro apruebe los contenidos principales del compromiso y asigne al Ministerio de Industria y Comercio la adopción de otros contenidos para que, sobre esa base, el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) firme y gestione el acuerdo.
Mientras, otros parlamentarios se mostraron a favor de que sea el jefe de Gobierno quien apruebe todos los contenidos del contrato de petróleo y gas.
Al respecto, el ministro de Industria y Comercio Nguyen Hong Dien recordó que este tipo de convenio constituye un acuerdo legalmente vinculante entre el Estado y un inversionista, con un plazo muy largo (más de 30 años) y características específicas relacionadas con la defensa y seguridad de la soberanía y la superficie marítima nacional.
Por tal motivo, consideró Hong Dien citado por medios de prensa, la regulación de la autoridad del Primer Ministro para aprobar todo el contenido del contrato de petróleo y gas está en línea con la práctica de las actividades de ese sector en Vietnam.
En el tercer período de sesiones de la XV Legislatura, que concluyó aquí a mediados de junio ultimo, el Parlamento vietnamita debatió el proyecto de Ley de Petróleo (modificada) y resolvió que la comisión redactora continuara estudiando y consultando al Gobierno sobre el tema, a fin de actualizar y perfeccionar el borrador.
Los cambios introducidos a la legislación vigente pretenden mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión estatal, eliminar barreras, crear un corredor legal favorable para los inversores y contribuir a mejorar el entorno inversionista en el campo petrolero.
Especialistas aquí sostienen que en el proceso de implementación de esa legislación surgieron algunos problemas con características específicas de las actividades en este sector, los cuales necesitan ser perfeccionados en tanto algunas disposiciones de la ley no se corresponden con la realidad de hoy.
En la sesión de ayer, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó el proyecto de ley (modificado) sobre Protección de los derechos del consumidor, el cual pretende subsanar las deficiencias de la legislación de 2010 y contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores a la par de impulsar el desarrollo socioeconómico.
A juicio de algunos parlamentarios, la propuesta que se debate debe prestar atención al crecimiento de nuevos modelos de negocios y consumo, así como a la participación de los particulares en la protección de los consumidores, sobre todo en el ciberespacio y especialmente en lo referido al manejo de su información personal.
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