En una visita a la llamada isla Bonita española, La Palma, que sufrió el pasado año los embates de un volcán durante tres meses, Sánchez dijo que espera dentro de poco que el gasoducto a través de Francia sea una realidad.
El conflicto en Ucrania y la dependencia del denominado Viejo Continente del gas ruso han tensionado el ambiente, y se buscan alternativas que promueve la Unión Europea (UE).
Durante su estancia en La Palma, donde interrumpió sus vacaciones, el jefe del ejecutivo anunció que el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, se aprobará la creación por Ley de un Centro Nacional de Salud Pública.
Calificó la iniciativa como “una obligación derivada de la pandemia de la Covid-19; un centro que nos va a permitir estar más protegidos frente a futuras y potenciales pandemias”.
Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de solidaridad a las localidades que sufren la devastación de los incendios, como la Comunitat Valenciana y Aragón.
“Cuentan con todo el compromiso del Gobierno, con todo el Sistema Nacional de Protección Civil para las labores de control, extinción y recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas por estos graves incendios”, dijo.
Acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias; y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Sánchez igualmente sostuvo un encuentro con el titular del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.
Resaltó los 11 meses de cogobernanza y cooperación de todas las administraciones para la reconstrucción de La Palma, los esfuerzos redoblados para “reducir burocracias y agilizar las gestiones”.
Refirió la movilización por parte del Gobierno de ayudas por un importe superior a los 418 millones de euros, los programas ERTES (ante el desempleo provocado por el volcán), y los cerca de 15 millones de euros para salvar las plantaciones
y contrarrestar las pérdidas.
Sánchez, además, adelantó la implantación de una Red de Vigilancia, medida y control de emisiones de gases tóxicos, principalmente CO2, en Puerto Naos y La Bombilla, con una inversión de tres millones de euros en cuatro años, para mitigar cualquier efecto nocivo sobre la población de los gases que sigue emitiendo el volcán.
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