Según el ministro maliense de Relaciones Exteriores, Abdoulaye Diop, Francia ofreció informaciones y suministró municiones a grupos extremistas, así como su aviación violó el espacio aéreo nacional, por lo que solicitó una reunión urgente del órgano de Naciones Unidas.
Conforme a su carta de denuncia, las autoridades de su país poseen pruebas y están dispuestas a comparecer ante el Consejo.
«Desde principios de 2022, las Fuerzas Armadas de Malí dotadas de nuevas capacidades, han registrado más de 50 casos deliberados de violación del espacio aéreo maliense por aviones extranjeros, en particular operados por las fuerzas francesas, en diferentes formas», informó el portal noticioso Mali Actu.
Esas acusaciones abren una nueva etapa del disenso iniciado en el ámbito diplomático, que escaló hasta finalizar la cooperación en asuntos de seguridad y ahora es una disputa con connotaciones peligrosas en las relaciones de París con el espacio africano.
La carta enviada por el canciller acusa a Francia de recoger informaciones de inteligencia y suministrar equipamiento bélico a algunos grupos terroristas activos en el norte del país, lo que incentiva la inestabilidad.
Tal misiva sucedió a la reciente salida de todas las tropas francesas del Mali, después de de decidir el presidente galo, Emmanuel Macron, la retoma de la operación Barkhane, activa durante nueve años en el ámbito de la llamada guerra contra el terrorismo desatada por Occidente.
Aquella ofensiva militar contra los destacamentos integristas fue la reacción franco-africana al levantamiento armado de grupos de la comunidad tuareg en el norte de Mali, ocurrido en 2011 y que devino ofensiva de facciones de distorsionado credo islámico.
En el 2013 las tropas conjuntas vencieron a los destacamentos extremistas, que se retiraron a zonas de difícil acceso, pero no fueron erradicas y luego de restablecerse del impacto retornaron a sus agresiones terroristas, lo que evidencia fallas en el objetivo de la Barkhane.
La acusación hecha pública por el canciller ocurre cuando se retoma en Mali la rotación de contingentes militares de Naciones Unidas, suspendida desde el pasado 14 de julio, un movimiento de tropas aprobado por la junta militar del coronel Assimi Goita.
Esa decisión tomada con respecto a la Misión de la ONU (Minusma), concede legitimidad a la formación multinacional y de hecho otorga reconocimiento a sus cascos azules en un momento oportuno, cuando la seguridad nacional puede afectarse por la retirada gala.
Los nuevos pasos de la junta son acompañados por un proceso de discernimiento soberano; por ejemplo, el Gobierno rechazó el advenimiento de 140 soldados alemanes de la Minusma y solicitó a Berlín renovar la petición del acceso al país.
Ese detalle supone que en medio de la amenaza a la estabilidad que afecta al país, principalmente en el centro y norte por el terrorismo, la administración de Goita refuerza su autoridad como Estado y evita que la soberanía pierda efectividad.
El deterioro de las relaciones entre Mali y Francia también se vincula con la propuesta de seguridad saheliana, subregión donde se ubican otros Estados francófonos como Burkina Faso y Níger, este último destacado suministrador de uranio.
Tras anunciarse hace meses la retirada militar escalonada de Mali de las tropas francesas, los observadores indicaron que presumiblemente el dispositivo militar no se desmontaría totalmente, sino que su mando podría trasladarse a territorio nigerino.
Ese criterio partió de la significación que tiene el país para la generación energética gala, toda vez que el 80 por ciento de esta procede de electronucleares y cuya fuente de consumo gestiona la compañía Areva con minas también en Níger.
Mali y Níger comparten una frontera de 840 kilómetros y este, último acoge “uno de los mayores depósitos de uranio del mundo y ocupa el quinto puesto como productor mundial de este mineral para la generación de energía nuclear”, apuntan monografías.
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