La iniciativa, según explicó la funcionaria ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), regirá desde el 2022 hasta el 2027 en aras de potenciar acciones para reordenar la gestión institucional a favor de las juventudes, teniendo en cuenta los desafíos generados a razón de la pandemia.
De acuerdo con Castillo, este proceso se inició en 2019 con la creación de la Coordinación Nacional de Programas y Proyectos de Juventud del Mides.
En agosto del 2021, indicó, se logró la instalación del Consejo de Políticas Públicas de Juventud, como mecanismo de concertación social, articulación y consulta, que trazó la ruta operativa y necesaria, tras la consulta a dos mil 875 jóvenes en todo el país.
La ley será una vía más para el desarrollo íntegro de los jóvenes, el ejercicio pleno de sus derechos y la participación directa en las decisiones que les afectan, remarcó.
Los ejes de la política son agro, ambiente, cultura, deporte, educación, empleabilidad y emprendimiento, inclusión, salud, seguridad ciudadana y comunicación, precisó.
En la conceptualización de la política, dijo la funcionaria, se sumaron aliados estratégicos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sobre los ejes comentó el de educación, pues prevé la inclusión de orientación vocacional desde el noveno grado en las escuelas, con el propósito de forjar decisión de estudios y su evolución hasta un nivel profesional.
El documento cuenta con mecanismo e instrumentos para su monitoreo y medición de resultados, así como estimaciones presupuestarias, permitiendo que sea viable y real, con indicadores y análisis para optimizar su planificación, priorización e inversión.
Castillo subrayó el compromiso con el trabajo intersectorial y articulado para que esta y las nuevas generaciones puedan vivir con dignidad, reivindicar sus derechos y desarrollarse plenamente.
La única vez que se elaboró una Política Pública de Juventud en Panamá, fue en año 2004.
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