La iniciativa que impulsó el diputado independiente Gabriel Silva va dirigida principalmente a autoridades como ministros, defensor del pueblo, superintendentes de bancos, de mercado de valores, de seguros y reaseguros, y miembros de juntas directivas que manejan fondos del Estado.
También estarán obligados a seguir esta norma los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, fiscales, procurador de la Nación y Administración, el presidente y vicepresidente de la República.
El funcionario no deberá invocar ni hacer uso de su cargo con la intención de tener un trato favorable o una mejor condición de la que goza la ciudadanía, es uno de los puntos que sobresale en la norma publicada la víspera en Gaceta Oficial.
Señala además que los servidores públicos no deberán recibir regalos, donaciones, favores, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas y obliga a hacer una declaración jurada de intereses particulares en un periodo de 30 días una vez asuma el cargo.
Será la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) la que debe velar por el cumplimiento de la ley, precisa el texto.
Aunque para el diputado Silva se trata de un paso importante en materia anticorrupción, todo lo contrario visualizan los colectivos populares en sus pláticas con el Ejecutivo en la provincia de Coclé con la Iglesia católica como facilitadora.
En esas negociaciones de inviables tildaron los representantes gubernamentales la mayoría de las propuestas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción.
Las sugerencias planteadas por los grupos que efectuaron cierres de calles y paros a nivel nacional durante casi todo el mes de julio gira en torno a cinco puntos: una asamblea constituyente originaria, la creación de la mesa única contra la corrupción, la conformación del consejo de auditoría social y seguimiento de los acuerdos pactados, exigencias de la mesa y la corrupción en el transporte.
Sin embargo, el equipo de Gobierno, que en esta etapa de la agenda es encabezado por el viceministro de la Presidencia, Carlos García, echó por tierra varios puntos, en algunos casos por considerarlos alejados de los preceptos de la Constitución.
Por ejemplo, dejó claro que no se puede llamar a una constituyente originaria, porque cualquier propuesta de modificación debe estar sujeta al procedimiento ya establecido en la ley de leyes.
También se descartó la propuesta de crear la comisión de la verdad sobre la corrupción y el consejo de auditoría social, pues consideran que la Contraloría General de la República es el ente para fiscalizar y regular los actos de manejos de fondos públicos.
Una vez la mesa finalice el punto de corrupción y transparencia de la agenda, se entrará en las llamadas mesas de seguimiento intersectorial que sería la segunda fase del diálogo, que sumará a otros actores.
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