Por décimo día consecutivo, los ciudadanos acuden a las proximidades del edificio donde se encuentra la exmandataria para expresarle su apoyo luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara 12 años en prisión para la titular del Senado y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
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El presidente Alberto Fernández y numerosos ministros, funcionarios, legisladores y organismos defensores de los derechos humanos denunciaron la persecución judicial en su contra, así como la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad contra los manifestantes en favor de la vicemandataria.
La víspera, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo emitió un fallo que prohíbe a las autoridades capitalinas colocar vallas en las inmediaciones a la casa de la ex jefa de Estado y ordena dejar las funciones de cuidado de su seguridad a oficiales federales.
Sin embargo, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se negó a cumplir con lo dispuesto por Gallardo y presentó un recurso para apartarlo del caso.
También aseguró que ningún funcionario suyo participará en una audiencia para analizar lo sucedido, la cual fue suspendida posteriormente.
Anoche, la vicepresidenta calificó de incomprensible la represión contra quienes fueron a apoyarla y denunció provocaciones opositoras como la colocación de dos camiones con piedras a una cuadra y media de su casa.
No son personas racionales. La instalación de las vallas en un área enorme no tiene explicación. Tenemos que repensar el tema de esta ciudad, la capital de todos los argentinos, donde de repente una policía política se apoderó de la seguridad de sus calles. Debemos replantearnos el funcionamiento jurisdiccional y el rol del Gobierno Federal aquí, indicó.
Quiero seguir viviendo en un sistema republicano, representativo, federal y democrático, donde las autoridades las elija el pueblo en comicios libres, democráticos y sin proscripciones cada cuatro años, añadió.
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