La destitución fue sumaria y comenzó con una breve discusión sobre la admisión a debate en el que varias bancadas de derecha y centro dividieron sus pareceres, pero se aprobó la discusión por amplia mayoría que auguró el desenlace final de 67 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones.
Tras un debate de solo una hora, con breves intervenciones, fracasaron los esfuerzos de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), de Camones, por defenderla intentando minimizar el escándalo causado al difundirse un audio en el que el jefe del partido, César Acuña, imparte órdenes proselitistas a la hoy ex titular.
Las instrucciones verticales, a las que ella asentía, urgían a Camones y su bancada a procesar con urgencia un proyecto de ley de creación de un municipio con el fin específico de que Acuña gane votos para su candidatura a gobernador de la norteña región de La Libertad.
Los defensores alegaron que la dirigente no había cometido ningún delito al asentir a las indicaciones, pero los promotores de la censura señalaron que no se estaba impulsando una sanción legal, sino política, al considerar que el error de la presidenta debía sancionarse, pues estaba en juego la devaluada imagen del Congreso.
A la causa perdida de salvar a Camones se sumó unánime la primera minoría, la bancada de Fuerza Popular de derecha extrema, mientras los grupos afines, Renovación Popular y Avanza País, se dividían, al igual que los de centro-derecha.
El desenlace se produjo al día siguiente de que el Gobierno denunciara la gravedad del escándalo e invocara a los congresistas a censurar a la mesa directiva encabezada por Camones.
Las bancadas progresistas, que promovieron la censura, plantearon la necesidad de elegir a la cabeza del Congreso a una personalidad de consenso.
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