Se trata de dos postulados básicos del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus culturas, y a participar en las decisiones que les afectan.
Ambos preceptos enmarcan disposiciones del tratado cuya ratificación compromete a los países a revisar su legislación nacional para desarrollar acciones pertinentes de acuerdo al convenio.
Junto a Suriname, Uruguay es el único país de América del Sur que no ha ratificado este convenio sobre pueblos indígenas y tribales, según el diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo.
A su solicitud, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados discute solicitar al poder ejecutivo una propuesta de ley para aprobar ese tratado que data del año 1989.
“Es una vergüenza internacional” que el Estado uruguayo aún no haya ratificado el Convenio 169, dijo al periódico La Diaria Fernanda Aguirre, miembro de la Secretarìa de Derechos Humanos de la PIT-CNT.
Hasta ahora, sostuvo, el argumento para no hacerlo ha sido “la negación de que hay descendientes de pueblos originarios en Uruguay”.
“Si bien acá hubo un genocidio, claramente ese intento de exterminio no se consiguió», apuntó.
Agirre añadió que la población de los pueblos indígenas sigue existiendo en Uruguay, con una serie de discriminaciones enormes.
La mayoría de las personas con ascendencia indígena están concentradas en los sectores de mayor precariedad laboral”, concluyó.
La última semana la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó por unanimidad acompañar el pedido de ratificación del convenio por parte del Estado uruguayo.
Para Fernanda Aguirre, sería “empezar a reparar en algo el daño ocasionado”.
Fue una postura en la que coincidió la representante del Consejo de la Nación Charrúa, Mónica Michelena.
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