Abogados de Fujimori y otros ocho investigados con ella, miembros de su entorno político, presentaron sendos recursos con el fin de archivar el caso de simulación de aportes lícitos para encubrir fondos recibidos para las fracasadas campañas electorales fujimoristas de 2011 y 2016.
El juez que supervisa el proceso en su fase inicial, Víctor Zúñiga, rechazó el pedido, que argumentaba que no está acreditado que ese dinero, aportados por empresas locales y extranjeras, entre otras fuentes, provenga de actividades delictivas.
Según el magistrado, los delitos vinculados cometidos con la administración fraudulenta de empresas, como en este caso, sí pueden ser considerados fuente de lavado de activos.
Keiko Fujimori enfrenta cargos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, por los que, según el fiscal a cargo, José Pérez, merece 30 años y 10 meses de prisión.
Pese a los cuantiosos recursos usados en las dos campañas investigadas, Fujimori fue derrotada en sucesivos balotajes por el nacionalista Ollanta Humala (2011), el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el actual gobernante, Pedro Castillo (2021).
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