“El señor Camacho ha solicitado 54 millones de bolivianos para comprar vacunas y como lo ha prometido en la campaña, él ha dicho ‘vamos a vacunar a todos los cruceños hasta septiembre de 2021 para eso necesito recursos (…)”, afirmó el titular.
Auza afirmó que esos recursos se viabilizaron “y la realidad es que el señor Camacho no ha comprado ni una sola vacuna”.
Recordó el ministro en conferencia de prensa este lunes que todos los inmunizadores aplicados en Santa Cruz corresponden a las asignadas por el Gobierno nacional.
“No estamos haciendo una acusación, pero las investigaciones también deberán ir en ese sentido para aclarar la utilización de esos recursos que no son únicamente de Santa Cruz, corresponden al Estado Plurinacional de Bolivia”, aclaró al relacionar este asunto con denuncias de presuntas coimas que involucran al exsecretario departamental de Salud, Fernando Pacheco.
El escándalo detonó el 5 de septiembre cuando se hizo pública una grabación en la que se escucha presuntamente al ahora prófugo de la justicia instruir a funcionarios bajo su mando pedir cifras de dinero por determinadas compras.
Adicionalmente, en ese audio asegura que él se ocupará de “direccionar las licitaciones”.
Un día después el hombre de confianza del gobernador prometió que encararía el proceso iniciado por una acusación de la propia gobernatura.
Sin embargo, cuando fue citado por el Ministerio Público no acudió a declarar el 8 de septiembre y junto a su esposa se declaró “en la clandestinidad”, desde donde difundió un video en el que dice que “no robó” y que su error fue no “hacerle caso a su mamá”.
Ante la prensa, Auza criticó estas supuestas ilícitas porque dañan “los recursos de todos los bolivianos”.
Sobre esa base, instó a que “se haga una investigación profunda” que abarque todos los elementos.
Insistió en que esas pesquisas deben incluir no sólo los indicios salidos a la luz por el escándalo de Pacheco, sino también los fondos que se destinaron a la compra de vacunas que, al final de cuentas, no se concretó.
Subrayó que “si en algún momento” se evidencia que en estos hechos se malversaron recursos trasferidos por el Ministerio de Salud, esta cartera se constituirá en querellante contra las personas involucradas.
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