El 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la exmandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La víspera, al iniciar su exposición, el representante de la también titular del Senado, Carlos Alberto Beraldi, aseguró que la denuncia en contra de Fernández quedó “fulminada tras la declaración de más de 100 testigos, peritos, contadores e ingenieros en casi tres años de juicio oral”.
La verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió aquí. Quedó demostrado que la acusación carece de verosimilitud y fundamentos, aseveró durante su intervención mediante plataformas digitales ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez.
Además, acusó a la Fiscalía de mala praxis y de cometer “arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en este país ni en el mundo”, entre las cuales mencionó que Fernández fuera citada en un mismo día para prestar ocho declaraciones indagatorias.
Las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Fernández o a esta defensa, sino que, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia, específicamente su hija, quien nunca desarrolló ninguna actividad política, pero fue estigmatizada y atacada, lo cual quebrantó su salud, señaló.
Por otra parte, indicó que varios medios de comunicación difundieron información falsa y aseguraron que los fiscales contaban con pruebas que no existían.
El abogado recordó que, según las declaraciones del presidente Alberto Fernández y otros testigos, la asignación de partidas para la obra pública es potestad del Congreso a través del Presupuesto.
Asimismo, Beraldi y su colega Ary Llernovoy afirmaron que los hechos analizados ya fueron juzgados y sobreseídos en Santa Cruz.
Por otra parte, criticaron las malas prácticas de los fiscales Luciani y Sergio Mola, entre ellas, no solicitar ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que los legisladores que cumplieron funciones entre 2003 y 2015 supuestamente sufrieron presión desde la Presidencia para votar favorablemente las leyes de presupuesto.
Tampoco pidieron cuantificar cómo se distribuyó la inversión pública nacional ni verificaron cómo se devengó el gasto autorizado por el Congreso. No demandaron pruebas porque les alcanza con decir y que repitan los medios, pero eso no es suficiente en un juicio justo, sostuvo Beraldi.
El Congreso jamás fue engañado: al debatir y sancionar cada una de las leyes contaba con información suficiente sobre el elenco de obras de todo el país que podían ser financiadas, añadió.
Además, denunció los vínculos entre Luciani, el juez Giménez y el expresidente Mauricio Macri, en cuya propiedad jugaban fútbol.
Para el viernes está previsto que Fernández asuma su propia defensa ante el Tribunal Oral Federal 2.
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