El tribunal popular intermedio de Changchun, provincia nororiental de Jilin, indicó que el acusado aprovechó las ventajas del puesto y autoridad para buscar ganancias en operaciones comerciales, casos legales y posiciones oficiales de terceros.
Según los fiscales, también aceptó dinero y regalos por un valor de 117 millones de yuanes (17,3 millones de dólares) de forma directa o a través de sus familiares.
Aparte de fungir como ministro de Justicia, Fu ocupó los cargos de director del Buró de Seguridad Pública de Beijing y vicetitular de Seguridad Pública.
Junto a su caso, en meses recientes China comenzó a procesar a numerosos funcionarios de distintos rangos por delitos de corrupción.
En junio pasado el Partido Comunista de China (PCCh) informó que investigó y sancionó alrededor de cinco millones de personas por actividades relacionadas con ese flagelo desde su XVIII Congreso en 2012 hasta abril de este año.
De esa cifra, a 644 mil individuos se les castigó por violaciones a las normas de conducta del partido y del gobierno, mientras 74 mil se entregaron voluntariamente a los órganos disciplinarios.
Cuando Xi Jinping en 2012 asumió la presidencia de China y el liderazgo de la organización comunista se propuso consolidar la posición del país como potencia, pero a lo interno una de las tareas en la que más énfasis puso fue depurar al PCCh y al gobierno de su peor enemigo: la corrupción.
Desde entonces emprendió una campaña sin precedentes orientada a desenmascarar desde las bases hasta los más altos niveles a quienes incurren en las malas conductas que durante años perjudicaron la imagen de la organización política ante los ojos de la ciudadanía.
La popularmente conocida contienda para «cazar tigres» y «aplastar moscas» trajo ante los tribunales a millones de servidores públicos acusados por prácticas como sobornos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y violación de los códigos de ética relacionados con los gastos u otras infracciones.
Tales delitos implican condenas de varios años en prisión, cadena perpetua y hasta la pena máxima.
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