El panel de tres jueces, dos de los cuales fueron nombrados por Trump y uno por el exgobernante Barack Obama (2009-2017), dio luz verde al curso de una investigación sobre posible mal manejo de la información por parte del republicano.
Los magistrados destacaron el argumento del DOJ de que el tribunal de primera instancia erró al ejercer su jurisdicción para prohibir el uso de los registros por parte de Estados Unidos en su indagación penal y exigir la presentación de los materiales a un perito independiente para su revisión.
De igual forma, indicaron que no parecía haber pruebas de que Trump desclasificara los documentos cuando todavía era presidente y que su equipo legal “se resistió” a aportar cualquier evidencia al respecto a través de canales oficiales.
También cuestionaron por qué el magnate “tendría un interés individual o necesidad de cualquiera de los 100 documentos con marcas de clasificación”, indicó un reporte del diario The Hill.
«El demandante ni siquiera intentó demostrar que tiene una necesidad de conocer la información contenida en los archivos, ni probó que la actual administración (encabezada por Joe Biden) renunció a ese requisito”, subrayó el dictamen.
La corte también permitió que continuara simultáneamente la revisión de los registros por parte de un maestro especial designado por un juez federal de Florida.
Si bien el Departamento de Justicia apeló el nombramiento de ese abogado externo, finalmente dijo que apoyaría a uno de los candidatos del equipo de Trump para el cargo, el juez Raymond Dearie, quien actualmente desempeña esa función.
La magistrada Aileen Cannon, nombrada en 2020 por el republicano, a principios de este mes prohibió temporalmente al Departamento de Justicia utilizar los documentos en su investigación que sopesa si presentar cargos contra el expresidente por posibles violaciones de la Ley de Espionaje.
Trump acusó al DOJ de lanzar una caza de brujas partidista contra él, pero es objeto de otras averiguaciones para dilucidar sus esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020, su implicación en el asalto al Capitolio el 6 de enero del pasado año y presuntos fraudes para engañar al sistema y enriquecerse injustamente.
El Departamento de Justicia apeló esa decisión y explicó que los materiales hallados en la mansión el pasado 8 de agosto incluyen información altamente sensible, por lo cual negar a los fiscales el acceso inmediato a esos registros retrasaría la pesquisa y supondría un mayor riesgo para la seguridad nacional.
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